La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro tras un polémico acto público realizado en Medellín, donde participaron reconocidos líderes de las principales bandas criminales de la ciudad.
El proceso se inició a raíz de la denuncia presentada por el concejal Alejandro de Bedout, quien pidió esclarecer si Petro incurrió en participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas y la convocatoria irregular de una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional.
El evento, conocido como el “tarimazo”, se llevó a cabo el 21 de junio y contó con la presencia de peligrosos cabecillas como alias Tom, Vallejo, Carlos Pesebre y Douglas, algunos con vínculos con la estructura delincuencial La Oficina. Los asistentes fueron autorizados a salir de prisión exclusivamente para participar en el acto, lo que generó alarma entre autoridades y sectores políticos.
La participación de estos criminales, varios de ellos condenados por homicidio, narcotráfico y extorsión, provocó críticas de la oposición, que ve en el encuentro un mensaje de legitimación hacia organizaciones que históricamente han ejercido control armado en Medellín. Petro defendió la presencia de estos líderes señalando que hacía parte de su política de “paz total”, orientada a la desarticulación negociada de estructuras delictivas.
El episodio también produjo incomodidad dentro del propio Gobierno. El ministro de Defensa manifestó sentirse indignado al compartir escenario con los jefes criminales, aunque reiteró que la política oficial busca explorar mecanismos de sometimiento colectivo.
La Comisión de Acusación deberá establecer si las actuaciones del presidente durante el evento constituyen o no faltas disciplinarias o constitucionales. Por ahora, la investigación permanece en etapa preliminar y no se han formulado cargos.
