Trump amenaza con procesar a autoridades locales que no apliquen sus nuevas leyes migratorias

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su postura en materia de inmigración al advertir que su administración podría iniciar acciones legales contra funcionarios estatales y locales que se nieguen a implementar las nuevas políticas migratorias federales.

Esta advertencia se dirige principalmente a las denominadas «ciudades santuario», como Nueva York y Chicago, que han adoptado políticas para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración. El Departamento de Justicia ha sido instruido para considerar investigaciones penales contra aquellos funcionarios que obstaculicen la aplicación de las leyes migratorias recientemente establecidas.

Entre las medidas implementadas por la administración Trump se incluyen redadas en iglesias, escuelas y hospitales, así como el despido de jueces de las cortes de migración que no alineen sus decisiones con la nueva agenda migratoria. Además, se ha ordenado a las agencias federales recopilar información y datos biométricos de inmigrantes indocumentados para ser entregados al Departamento de Seguridad Nacional.

La declaración de emergencia nacional en la frontera con México permite al gobierno desplegar tropas adicionales en la zona y destinar más recursos a la deportación de migrantes. Esta acción ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes y ha llevado a que estados como California se preparen para posibles redadas y deportaciones masivas.

Organizaciones de derechos civiles y líderes locales han criticado estas medidas, calificándolas de tácticas intimidatorias que socavan la autonomía de las jurisdicciones locales y fomentan un clima de miedo entre las comunidades inmigrantes. Se anticipa que estas acciones desencadenen una serie de desafíos legales y debates sobre los límites de la autoridad federal en materia de inmigración.

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