Después de casi 10 años de incertidumbre, los propietarios de más de 360 predios afectados por la declaratoria de utilidad pública para la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova en Rionegro celebran el fin de un largo conflicto jurídico. Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Oficina de Registros Públicos de Rionegro tomar acciones definitivas para levantar las restricciones que asfixiaban a los inmuebles desde 2015.
La medida, implementada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) hace casi una década, afectó a cientos de familias en las veredas Chachafruto, Abreo, El Carmín y Abreito. Esta declaratoria prohibía nuevas construcciones y limitaba el valor comercial de los terrenos bajo el pretexto de evitar sobrepoblación antes del desarrollo del proyecto aeroportuario. Sin embargo, los plazos legales para adquirir los predios y comenzar la obra expiraron en 2023 sin avances, dejando a los habitantes atrapados en un limbo legal.
La disputa se intensificó en julio de 2024, cuando la Personería de Rionegro, liderada por Jorge Restrepo Gómez, interpuso una tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro tras la negativa de las entidades involucradas de resolver el conflicto. La tutela derivó en una sentencia favorable en noviembre de 2024, que fue ratificada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en diciembre.
El Tribunal ordenó a la Superintendencia emitir un concepto claro sobre la pérdida de efectos de las resoluciones que afectaban los predios y dar paso a la desafectación de los mismos. Según Restrepo, esto permitirá a los propietarios gestionar trámites antes bloqueados, como licencias de construcción, sucesiones y legalización de predios.
«Con esta decisión, los ciudadanos recuperan el uso pleno de sus inmuebles, poniendo fin a una década de restricciones injustas», destacó el personero Restrepo.
Aunque la decisión es celebrada por las comunidades, algunos sectores políticos cuestionan su impacto en el desarrollo del proyecto aeroportuario. Sin embargo, Restrepo desmintió que esto entierre la construcción de la segunda pista. Explicó que el Plan Maestro sigue en revisión y que, de ser necesario, los entes nacionales pueden iniciar nuevas declaratorias de utilidad pública, esta vez con un enfoque más eficiente y ajustado a la realidad de los predios.
Este caso pone en evidencia la necesidad de un manejo diligente y coordinado por parte de las instituciones estatales. Restrepo hizo un llamado para que futuros proyectos de gran envergadura sean planificados con mayor responsabilidad, evitando conflictos que afecten a las comunidades durante años.
Para las familias de Rionegro, la decisión representa un nuevo comienzo, pero también deja un mensaje claro: los derechos de las comunidades deben ser prioridad en cualquier desarrollo de infraestructura. Mientras tanto, el proyecto de la segunda pista del José María Córdova continúa en discusión, con la esperanza de que esta vez las decisiones se tomen en favor de todos los actores involucrados.
