La Procuraduría General de la Nación ha elevado una solicitud formal a la Corte Constitucional para que evalúe la posibilidad de declarar un estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud colombiano. Esta petición surge en medio de la controversia generada por el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, decisión que el ente de control considera insuficiente y potencialmente perjudicial para la sostenibilidad financiera del sistema y la atención a los pacientes.
En un documento de 24 páginas dirigido al presidente de la Corte, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Procuraduría argumenta que el Ministerio de Salud y Protección Social ha incumplido reiteradamente las órdenes impartidas por la Corte en la Sentencia T-760 de 2008, especialmente aquellas relacionadas con la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
El ente de control cuestiona la metodología empleada por el Ministerio para calcular el aumento de la UPC, señalando que se basó en fuentes de información parciales y procedimientos ajenos a las normas establecidas. Como ejemplo, menciona que la Nueva EPS, que representa el 23% de la población asegurada con más de 11 millones de afiliados, no cuenta con estados financieros actualizados de 2023.
La Procuraduría también ha requerido al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que proporcione información detallada sobre el procedimiento técnico utilizado para estimar la UPC para 2025. Además, solicita a la Corte que adopte medidas provisionales urgentes dirigidas al Ministerio para corregir las decisiones que califica como «equívocas» y «antitécnicas», con el fin de evitar el agravamiento de la crisis en el sector salud.
Esta no es la primera vez que la Procuraduría advierte sobre la situación crítica del sistema de salud. En ocasiones anteriores, ha señalado que decisiones como el incremento insuficiente de la UPC podrían desatar una crisis que afectaría tanto a las instituciones prestadoras de servicios de salud como a los pacientes.
La declaratoria de un estado de cosas inconstitucional implicaría reconocer una violación masiva y generalizada de derechos fundamentales, lo que obligaría al Estado a adoptar medidas estructurales para garantizar el derecho a la salud de los colombianos. La Corte Constitucional deberá ahora evaluar la solicitud de la Procuraduría y determinar los pasos a seguir para abordar la problemática planteada.