El 12 de febrero de 2025, mientras el presidente Gustavo Petro se encontraba en Dubái participando en la Cumbre Mundial de Gobiernos, se registró un sobrevuelo del helicóptero presidencial sobre la Casa de Nariño en Bogotá. Este hecho generó controversia en redes sociales y entre figuras políticas, quienes cuestionaron el uso de la aeronave en ausencia del mandatario.
El senador Miguel Polo Polo fue uno de los primeros en expresar su inconformidad, anunciando que denunciaría un presunto «despilfarro de recursos públicos» por estos vuelos. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Polo Polo escribió: «Si Petro no está en Colombia, ¿qué hacen utilizando los helicópteros de Presidencia? ¿Quién está volando en ellos? Solicitaremos derechos de petición para conocer la verdad. No más despilfarro de los recursos públicos».
Ante las críticas, la Presidencia de la República emitió un comunicado aclarando la situación. Según la Casa de Nariño, las maniobras realizadas con el helicóptero Augusta AW139 FAC0008 forman parte de entrenamientos rutinarios que se efectúan cada 90 días para garantizar la seguridad del presidente en los aterrizajes en el palacio presidencial. Estas prácticas están estipuladas en el Manual de Políticas Generales de Vuelo (POGEV) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).
El comunicado detalla que el entrenamiento se llevó a cabo entre las 5:30 p.m. y las 6:40 p.m., consistiendo en cinco aterrizajes y despegues en la Casa de Nariño. Participaron cuatro pilotos de la FAC adscritos a la Casa Militar de la Presidencia. Estas maniobras son esenciales debido a la complejidad que representa aterrizar en una estructura alta, conocida como pináculo, ubicada en medio de la ciudad.
La aclaración de la Presidencia busca disipar las dudas y críticas surgidas tras la difusión de videos y fotografías del helicóptero en cuestión. Se enfatiza que estas operaciones son procedimientos estándar necesarios para mantener la eficiencia y seguridad en la operación aérea presidencial.
Este episodio pone de relieve la sensibilidad y el escrutinio público respecto al uso de recursos oficiales, especialmente en ausencia del jefe de Estado. La transparencia y comunicación oportuna por parte de las instituciones son fundamentales para mantener la confianza ciudadana en la gestión gubernamental.
