El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda realizaron la noche del miércoles 19 de agosto la primera réplica televisada de la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, centrada principalmente en la respuesta estatal al terremoto del 10 de agosto y en las medidas necesarias para financiar la reconstrucción de las regiones afectadas. La intervención se produjo después de la alocución presidencial en la que De la Espriella presentó un balance de la emergencia y anunció decisiones económicas para enfrentar sus consecuencias.
Cepeda abrió la intervención expresando solidaridad con las víctimas y damnificados y destacó el trabajo desarrollado por comunidades, organizaciones sociales y juntas de acción comunal en las zonas afectadas. El senador aseguró que el Pacto Histórico ha participado en actividades de acompañamiento, centros de acopio, brigadas voluntarias y iniciativas comunitarias, al tiempo que anunció que la bancada ejercerá control político sobre las decisiones adoptadas durante la emergencia.
El dirigente opositor pidió que las medidas derivadas del estado de emergencia económica no afecten los derechos de las poblaciones vulnerables ni de los sectores medios. También planteó destinar recursos adicionales a la atención de los damnificados y pidió fortalecer la prevención frente a otras amenazas naturales y climáticas que puedan presentarse durante los próximos meses. Cepeda afirmó que, pese a su condición de oposición, su sector político está dispuesto a participar en las acciones necesarias para superar la emergencia.
Petro, por su parte, concentró sus críticas en la capacidad de reacción del nuevo Gobierno durante las primeras horas posteriores al terremoto. El expresidente sostuvo que la ausencia de un proceso adecuado de empalme entre las dos administraciones habría dificultado la coordinación institucional en un momento decisivo para las operaciones de emergencia. También cuestionó la demora en la utilización del buque hospital Benkos Biohó para atender comunidades del Pacífico; desde el actual Ministerio de Salud se ha respondido que la administración anterior no dejó vigentes algunos contratos necesarios para su operación.
Uno de los principales puntos económicos de la réplica fue la financiación de la reconstrucción. Petro propuso retomar el proyecto de reforma tributaria presentado durante su Gobierno, con el que se buscaba recaudar cerca de $20 billones. El expresidente sostuvo que ese mecanismo podría cubrir una parte importante de los recursos requeridos frente a unas pérdidas que el Gobierno ha estimado preliminarmente en alrededor de $30 billones. También pidió al Banco de la República reducir las tasas de interés para facilitar la recuperación económica.
Petro y Cepeda también plantearon reparos frente a la participación de personal extranjero en la atención de la emergencia y pidieron garantizar la soberanía nacional. Petro cuestionó particularmente la presencia de brigadistas israelíes, mientras Cepeda afirmó que una emergencia natural no debe utilizarse para permitir que fuerzas extranjeras asuman funciones diferentes a las estrictamente humanitarias. Algunas de las acusaciones formuladas por Petro contra el personal israelí fueron realizadas sin presentar pruebas que las respaldaran.
La réplica ocurre mientras el Gobierno de De la Espriella avanza con la declaratoria de emergencia económica y social para atender los efectos del terremoto, mecanismo que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley dentro de los límites establecidos por la Constitución y sujetos a revisión de la Corte Constitucional. El Ejecutivo calcula preliminarmente pérdidas cercanas a los $30 billones y ha señalado que la reconstrucción requerirá una estrategia de largo plazo.
La intervención de Petro y Cepeda marca además el inicio de una nueva etapa de confrontación política entre el Gobierno y la oposición después de la posesión de De la Espriella el pasado 7 de agosto. El terremoto, ocurrido apenas tres días después del cambio presidencial, se convirtió en la primera gran crisis de la nueva administración y ahora concentra el debate sobre coordinación institucional, financiación de la reconstrucción, control político y atención a las poblaciones damnificadas.
