La candidata presidencial y senadora Paloma Valencia presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 415 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional ordena el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
La acción judicial busca que el alto tribunal suspenda de manera urgente la aplicación del decreto mientras se estudia su legalidad, y posteriormente que se declare su nulidad. Según la congresista, la medida modifica las reglas establecidas en la reforma pensional, al ordenar el traslado anticipado de recursos que, según la normativa vigente, deberían permanecer en los fondos privados hasta que los afiliados cumplan los requisitos para pensionarse.
El decreto impacta a cerca de 119.000 trabajadores que se trasladaron del régimen privado al público, cuyos ahorros serían transferidos a Colpensiones en plazos cortos. La norma establece que los fondos privados deben girar estos recursos en un periodo que oscila entre 15 y 30 días, dependiendo de la situación del afiliado.
Valencia argumenta que la medida no fue contemplada por el Congreso y podría poner en riesgo el ahorro pensional de los colombianos. En sus declaraciones públicas, sostuvo que la reforma permitió el traslado de régimen, pero no autorizó un giro inmediato de los recursos, lo que, a su juicio, constituye una irregularidad que debe ser revisada por la justicia.
La demanda se suma a las críticas de distintos sectores, incluidos gremios como Asofondos, que también han anunciado acciones legales contra el decreto. Estas organizaciones han advertido sobre posibles impactos en el sistema financiero y en la estabilidad del ahorro pensional, al tratarse de una movilización masiva de recursos en un corto periodo.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha defendido la legalidad de la medida, señalando que los recursos pertenecen a los afiliados y que su traslado responde a decisiones voluntarias de quienes optaron por cambiarse al régimen público. El Ejecutivo sostiene que la medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema y corregir desbalances financieros derivados del traslado de afiliados.
El caso queda ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir si suspende el decreto de manera provisional mientras se adelanta el estudio de fondo. La decisión será determinante para el futuro inmediato del sistema pensional y para la implementación de las medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia.
