La decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro desató una tormenta política en Colombia, donde la oposición convirtió el hecho en blanco de fuertes críticas y cuestionamientos a la diplomacia del mandatario. Washington justificó la medida en declaraciones de Petro durante una manifestación en Nueva York, donde llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.
Desde el uribismo, las voces fueron inmediatas y contundentes. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que Petro “ha incendiado la relación con EE. UU.” y lo tildó de “irresponsable sin límites”. El expresidente Iván Duque consideró que se trata de una “conducta irracional” que pone en riesgo la relación bilateral. La también senadora Paloma Valencia acusó al mandatario de “hacer el ridículo” en la arena internacional.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que “Petro no es Colombia” y que lo ocurrido es fruto de una “estrategia premeditada de confrontación”. Enrique Gómez, excandidato presidencial, calificó la conducta de Petro como un “movimiento calculado” para victimizarse y escalar la tensión con Washington.
Otros dirigentes de oposición se sumaron con reclamos similares. El senador David Luna aseguró que el presidente “renunció a ser jefe de Estado para convertirse en agitador internacional”. El representante Miguel Polo Polo pidió incluso que EE. UU. extendiera la cancelación de visas a congresistas “antiestadounidenses y antiisraelíes”. El expresidente Andrés Pastrana advirtió que “no hay espacio para el populismo” cuando se habla en nombre del país frente a potencias globales.
Las críticas reflejan la polarización interna y la preocupación de sectores opositores frente a las consecuencias prácticas de este episodio. Para ellos, la revocatoria del visado presidencial constituye un golpe diplomático que pone en entredicho la capacidad del Gobierno para preservar la estabilidad en la relación con el principal aliado de Colombia en materia de seguridad y cooperación internacional.
Mientras tanto, el Gobierno defendió al mandatario y rechazó la medida como una violación al derecho internacional y a las inmunidades de jefes de Estado. No obstante, la oposición ya convirtió este hecho en un argumento central contra Petro, en un escenario político marcado por tensiones internas y externas.
