En una decisión que profundiza la crisis política del representante del Pacto Histórico David Racero, la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado admitió el 2 de julio de 2025 una demanda presentada por el abogado Samuel Alejandro Ortiz Mancipe que solicita la pérdida de investidura conocida como “muerte política”. La acción se fundamenta en supuestos actos de tráfico de influencias que habrían vulnerado el régimen de inhabilidades, al coordinar con el entonces director del SENA la designación de cargos para beneficiarios vinculados a Racero.
Según la demanda, existe material probatorio que incluye audios y chats donde Racero detalla una estrategia en tres fases para ubicar personas allegadas —incluyendo familiares— en puestos claves de la entidad, usando mecanismos como concursos amañados y coordinaciones directas con el director nacional. En un audio revelado por el periodista Daniel Coronell el 23 de mayo de 2025, Racero plantea la intervención de su tío para contactar al director regional del Sena, una prueba central en la acusación. Complementariamente, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria y la Corte Suprema inició un indagación penal por presunto tráfico de influencias.
El auto de admisión, firmado por el consejero ponente Jorge Iván Duque Gutiérrez y radicado bajo el número 11001‑03‑15‑000‑2025‑03442‑00, cumple con los requisitos previstos en la Ley 1881 de 2018, que regula la pérdida de investidura. Racero fue notificado personalmente, y tiene ahora cinco días hábiles para responder por escrito, solicitar pruebas y ejercer su derecho de defensa. La Procuraduría también fue notificada para emitir un concepto sobre el proceso.
Desde la perspectiva política, el asunto representa un golpe para Racero, expresidente de la Cámara y figura prominente del Pacto Histórico, ya que no sólo enfrenta este proceso, sino también otra demanda por supuestos gastos indebidos relacionados con su Unidad de Trabajo Legislativo. Además del ámbito disciplinario y penal, el avance del caso genera repercusiones para su credibilidad ante electores y sectores públicos ya sensibles a escándalos de clientelismo.
