El escándalo por presunto financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro sigue creciendo. Este martes 18 de febrero, el director de la Unidad Nacional para la Protección (UNP), Augusto Rodríguez, compareció ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para rendir declaración sobre la supuesta entrada ilegal de $500 millones a la campaña de 2022. Según la investigación, el dinero habría sido entregado por el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias ‘Pitufo’.
La diligencia judicial estuvo a cargo del fiscal Elkin Ardila, quien lidera la indagación sobre el origen y destino de estos recursos. El objetivo es determinar si se violaron las normas de financiación electoral y si hubo irregularidades en el manejo de fondos de campaña.
El presidente Gustavo Petro ha negado en reiteradas ocasiones que el dinero ingresara a su campaña y aseguró que los recursos fueron devueltos. Asimismo, reconoció haber viajado en una avioneta de alias ‘Pitufo’, aunque afirmó desconocer que pertenecía al contrabandista.
En su defensa, Petro desmintió versiones sobre un supuesto encuentro con Marín en Madrid, asegurando que su único contacto con él ocurrió en Colombia, donde fue presentado como un empresario del Valle del Cauca.
“Le expliqué, sin saber quién era, que mi política consistía en transformar los San Andresitos de espacios de contrabando en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.
Además de Augusto Rodríguez, la Fiscalía ha entrevistado a otras figuras clave en la campaña de Petro. El abogado Néstor Daniel García también rindió testimonio sobre su vínculo con Xavier Vendrell, un ciudadano catalán mencionado en la investigación por su presunta intervención en la recepción del dinero proveniente de alias ‘Pitufo’.
El caso ha salpicado a varios funcionarios del actual gobierno, incluyendo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes han sido mencionados en la investigación por el presunto manejo irregular de fondos en la campaña presidencial de Petro.
La Fiscalía continúa recopilando pruebas y no se descartan nuevas citaciones en los próximos días. Este proceso podría impactar no solo a figuras clave del gobierno, sino también la estabilidad política del Ejecutivo, en un momento en que la administración Petro enfrenta otros desafíos en el Congreso y la opinión pública.
