El ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, no enfrentará arresto luego de que el Tribunal Superior de Medellín revocara la medida disciplinaria emitida por un juzgado de la capital antioqueña. La decisión superior dejó sin sustento jurídico la sanción de tres días de cárcel y el pago de dos salarios mínimos que le habían sido impuestos.
El caso tuvo origen el pasado 22 de julio, cuando la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Educación departamental enviaron un derecho de petición al Ministerio de Educación solicitando soportes por un cobro de 3.800 millones de pesos, correspondientes a una sanción moratoria por cesantías de docentes. Entre los documentos requeridos estaban comprobantes de pago, actas de conciliación y expedientes administrativos.
Aunque la cartera educativa respondió el 4 de septiembre, las autoridades locales consideraron que la contestación no resolvía de fondo sus solicitudes, por lo que interpusieron una tutela. Ante la falta de satisfacción en la respuesta, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín declaró un incidente de desacato el 2 de octubre, imponiendo al ministro la sanción de arresto y multa.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín ya había resuelto el 23 de septiembre la impugnación presentada por el Ministerio. En un fallo de 10 páginas, la Sala Laboral revocó la sentencia inicial, declaró improcedente la acción de tutela y concluyó que no existía vulneración de derechos fundamentales.
La decisión del Tribunal implica que el desacato carece de validez, pues al haber sido revocado el fallo que lo sustentaba, no había lugar a ejecutar sanción alguna. Según fuentes del Ministerio, la información solicitada por la Gobernación y la Secretaría fue entregada de manera oportuna y completa, lo que fue tenido en cuenta por la segunda instancia.
Con esta determinación, el ministro Rojas no será privado de su libertad y queda sin efecto la sanción económica. El proceso refleja las tensiones entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales en torno a responsabilidades financieras del sector educativo, en especial las relacionadas con las cesantías del magisterio.
