El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que buscaba la pérdida de investidura de los concejales de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta y Damián Pérez Arroyave para el periodo 2024-2027. La decisión mantiene a ambos cabildantes en sus cargos y cierra el proceso en primera instancia.
De acuerdo con el fallo, el alto tribunal determinó que no se configuraban las causales alegadas por los demandantes, quienes sostenían que los concejales habrían incurrido en una incompatibilidad al integrar la junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en representación del Concejo de Medellín.
La demanda argumentaba que ningún concejal podía asumir este tipo de representación dentro de la estructura del Área Metropolitana, planteando que dicha participación vulneraba el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los miembros de corporaciones públicas. Sin embargo, el Tribunal concluyó que esta interpretación no tenía sustento suficiente para decretar la pérdida de investidura.
En su análisis, la corporación judicial evaluó el marco normativo vigente y las funciones asignadas a los concejales, determinando que su participación en la junta del Área Metropolitana no constituía una infracción que ameritara la sanción solicitada, considerada una de las más drásticas en el ámbito político-administrativo.
La pérdida de investidura implica la desvinculación inmediata del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante un periodo determinado, por lo que su aplicación exige el cumplimiento estricto de las causales establecidas en la ley. En este caso, el Tribunal consideró que no se cumplían los requisitos para adoptar dicha medida.
Con esta decisión, Andrés Felipe Rodríguez Puerta y Damián Pérez Arroyave continúan en ejercicio de sus funciones como concejales de Medellín, mientras que el proceso queda sujeto a los recursos que puedan interponerse en instancias superiores.
El fallo se produce en medio de un contexto de control judicial sobre el ejercicio de funciones públicas en entidades territoriales, donde la interpretación de las normas sobre incompatibilidades sigue siendo un tema de debate en el ámbito jurídico y político.
