La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas irregularidades en reuniones sostenidas con el abogado de alias “Papá Pitufo”, en el contexto de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno nacional.
Según informó el organismo de control, la indagación busca establecer si Lemus habría ofrecido beneficios judiciales sin tener competencia para ello, durante acercamientos con el entorno del mencionado cabecilla criminal. Estos hechos habrían ocurrido en el marco de posibles diálogos o gestiones orientadas a procesos de sometimiento o negociación con estructuras ilegales.
La Procuraduría investiga si el exfuncionario habría excedido sus funciones al intervenir en asuntos que corresponden a autoridades judiciales, lo que podría constituir una falta disciplinaria. En ese sentido, el ente de control evalúa si se vulneraron los principios de legalidad, competencia y debido proceso en las actuaciones atribuidas a Lemus.
El caso se relaciona con alias “Papá Pitufo”, señalado como uno de los líderes de estructuras criminales en el país, cuyo entorno habría sostenido contactos con representantes del Estado en medio de la estrategia de acercamientos contemplada en la política de “paz total”. Esta política ha buscado abrir canales de diálogo con distintos actores armados ilegales para reducir la violencia en varias regiones.
La investigación se da en un contexto de creciente escrutinio sobre los alcances y la implementación de dicha política, especialmente en lo relacionado con la suspensión de órdenes de captura y eventuales beneficios otorgados a integrantes de organizaciones criminales.
La Procuraduría anunció que recopilará pruebas documentales y testimoniales para determinar la responsabilidad disciplinaria del exdirector de la DNI, así como el alcance de las reuniones sostenidas y las decisiones que pudieron derivarse de estos encuentros.
El proceso disciplinario se suma a otras controversias recientes en torno a la política de seguridad del Gobierno y sus mecanismos de negociación con estructuras ilegales, lo que mantiene el tema en el centro del debate público y jurídico en Colombia.
