Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Dar muerte al mandatario de un país, por dictador o criminal que haya podido ser, sin haberle declarado la guerra y sin someterlo a juicio, ha sido, es y será un asesinato, si es que aún seguimos viviendo en un mundo civilizado.
Da asco tener que presenciar cómo Trump y Netanyahu se alían para matar al jefe civil y religioso de un país cuando, hasta hacía 72 horas antes, las delegaciones de Washington y Teherán estuvieron reunidas dialogando en un hotel de Ginebra. Nada grato es hacer retroceder al mundo a la Edad de Piedra cuando, dizque, estamos en gozo por la llegada de la inteligencia artificial.
Aceptar que el mejor método para cambiar la orientación ideológica y ejecutiva de un país es asesinando a su máximo jefe nos hace pensar cuántas páginas de la prehistoria están repletas de narraciones contando idénticas escenas, pero en tiempos que ya creíamos superados.
Lo grave no es solamente lo sucedido. Lo más grave es que, sentado el precedente por parte del imperio dominante de que solo la muerte del jefe precipita los intereses que se tengan en dominar otros países o territorios, le estamos abriendo la puerta a una metodología criminal para que suceda en cualquier país.
Buena parte del mundo, comenzando por los mismos Estados Unidos, pudo salvarse de la hegemonía de la ley del revólver con la que conquistaron el Viejo Oeste gringo, pero de ahora en adelante parece que se ha legitimado el uso de la violencia para destronar mandatarios.
Ya sucedió con Maduro, a quien pocos querían. Ahora fue con el ayatolá, a quien querrían menos. Mañana, la precisión de las modernas armas imperiales y la habilidad de la CIA para detectar hasta a qué horas los presidentes van al inodoro pone en riesgo permanente a muchos mandatarios que no le caigan bien al emperador del pelo naranja, así los hayan recibido en el Salón Oval.
Es un retroceso a las épocas del garrote vil.
