Con la entrada en vigencia del nuevo año fiscal este primero de enero de 2026, se materializa el decreto presidencial que ordenó un incremento del 23 % en el salario mínimo legal en Colombia. Ante la magnitud del ajuste, surge la inquietud recurrente entre la ciudadanía sobre el alcance real de la medida y la población específica que verá reflejado este porcentaje en sus desprendibles de nómina de manera obligatoria y automática.
De acuerdo con las estimaciones oficiales y los datos del mercado laboral analizados tras la expedición de la norma, el aumento decretado no es universal para toda la fuerza de trabajo. El incremento aplica de forma imperativa únicamente para el grupo de trabajadores que devengan exactamente la asignación básica mínima; según las cifras actuales, serán poco más de dos millones de personas las que se verán beneficiadas directamente con este ajuste desde el primer día del año.
Para este segmento poblacional, que constituye la base de la pirámide salarial formal, los empleadores tienen la obligación legal de actualizar sus contratos para garantizar que la remuneración mensual alcance el nuevo monto de dos millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte). No existe margen de negociación en este rango, ya que pagar por debajo del mínimo legal constituiría una violación a la normativa laboral vigente.
Por otro lado, es fundamental aclarar la situación de aquellos empleados cuyos ingresos superan el salario mínimo, es decir, quienes ganan más de la cifra base decretada. Para este grupo, la ley no obliga a las empresas a aplicar el mismo incremento del 23 %. El ajuste de sus sueldos dependerá de lo pactado en sus contratos individuales, convenciones colectivas o políticas internas de las compañías, las cuales usualmente toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado para proteger el poder adquisitivo, pero no necesariamente el porcentaje fijado para el mínimo.
