El Gobierno Nacional ha revelado los detalles del borrador de decreto de emergencia económica con el cual busca solventar el déficit fiscal proyectado para el año 2026. Entre las medidas más controvertidas y de mayor impacto para el bolsillo de los colombianos se encuentra la modificación del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), que pasaría del tradicional 4×1.000 a un 5×1.000, según se contempla en el documento técnico preparado por el Ministerio de Hacienda para recaudar los recursos necesarios tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
La propuesta tributaria, diseñada para cubrir un faltante de 16 billones de pesos, establece un impuesto al patrimonio dirigido específicamente a las personas jurídicas. Este gravamen aplicaría a patrimonios que superen las 40.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) y funcionaría bajo un esquema de tarifas progresivas que oscilan entre el 0,5 % y el 5 %. Esta medida busca que las grandes empresas aporten una mayor cuota al saneamiento de las finanzas públicas en el marco de la coyuntura económica excepcional.
El sector minero-energético también será objeto de nuevas obligaciones fiscales bajo este decreto. Se estipula la creación de un impuesto especial del 1 % que gravará la primera venta o la exportación de productos clave para la economía nacional como el carbón y el petróleo crudo. Esta decisión alinea la política de recaudo con la postura gubernamental de aumentar la contribución de las industrias extractivas al presupuesto general de la nación.
En cuanto a los impuestos al consumo y los denominados «impuestos saludables», el borrador incluye incrementos sustanciales. Para los cigarrillos y el tabaco, se propone una tarifa de hasta 11.200 pesos por cajetilla, sumado a un 10 % ad valorem. Asimismo, los vapeadores serán gravados con 2.000 pesos por mililitro más un 30 % ad valorem. Por su parte, el sector de licores y vinos enfrentará un cobro de 750 pesos por grado alcoholimétrico junto con un 30 % ad valorem, impactando directamente el precio final al consumidor.
La economía digital y los juegos de azar no quedaron exentos de la nueva regulación. El decreto plantea la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los juegos de suerte y azar operados por internet, el cual se calculará sobre los depósitos en dinero realizados por los usuarios. Esta medida busca captar recursos de un sector en crecimiento que hasta ahora había mantenido ciertas gabelas tributarias frente a otras actividades económicas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que la presentación oficial del decreto se realizaría hoy mismo, con la expectativa de expedir los decretos reglamentarios a comienzos de la próxima semana. El funcionario fue enfático en señalar que la totalidad de los recursos obtenidos mediante este paquete de medidas se destinará exclusivamente a cubrir los gastos del Presupuesto General de la Nación derivados de la emergencia económica, con el fin de asegurar el funcionamiento del Estado en la vigencia 2026.
