La investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay —atacado el 7 de junio de 2025 durante un mitin en Fontibón, Bogotá— continúa en curso mientras las autoridades recaban testimonios y efectúan detenciones que, según las instituciones, aún no han permitido identificar con certeza a todos los responsables intelectuales.
Fuentes judiciales y medios nacionales publicaron el relato del menor señalado como autor material del disparo, quien describió con frialdad la cadena de instrucciones que lo llevó al sitio del evento: fue contactado la mañana del 7 de junio, trasladado en una moto por intermedio de terceras personas, ubicado en un punto de encuentro y entregado del arma por una mujer, tras lo cual recibió la orden de “acostar” a la víctima. El testimonio fue difundido por la revista Semana y reproducido por varios medios que cubren el caso.
Según el menor, antes de salir le pidieron borrar conversaciones y llamadas —acción que le generó sospechas—; en el punto de encuentro un hombre identificado en la investigación como alias “Chipi” o “Costeño” le exigió descargar el arma con varios disparos y le advirtió que su familia corría riesgo si se retractaba. El relato incluye detalles logísticos y la presión ejercida por quienes lo enviaron a cumplir la misión, según las versiones publicadas por la prensa.
Las autoridades han realizado múltiples capturas y judicializaciones en el marco de la investigación. Entre las detenciones comunicadas por la Policía y la Fiscalía figura la captura de un presunto nexo entre autores intelectuales y la banda ejecutora —hecho que, según las autoridades, refuerza hipótesis sobre la participación de estructuras criminales organizadas—; sin embargo, los órganos de justicia insisten en que aún faltan elementos probatorios para establecer plenamente la autoría intelectual del atentado.
La Fiscalía ha judicializado a personas vinculadas con la logística del ataque, incluida la imputación de delitos como tentativa de homicidio agravado y la utilización de menores para la comisión de delitos. Organismos de investigación advirtieron desde las primeras etapas que el menor autor del disparo tenía antecedentes de vulnerabilidad social y consumo de sustancias, situación que, según varios reportes, facilitó su captación por redes del crimen urbano.
El caso mantiene además implicaciones políticas y de seguridad: la reducción del personal de seguridad del candidato el día del atentado y la procedencia del arma —reportada en publicaciones internacionales como adquirida legalmente en el extranjero en años previos— figuran entre los elementos que las autoridades revisan para esclarecer responsabilidades y nexos. Las investigaciones combinan peritajes forenses, entrevistas y seguimientos telefónicos para reconstruir la cadena operativa que culminó en el ataque.
La difusión del testimonio del menor ha reavivado el debate público sobre el uso de menores por parte de organizaciones delictivas y la necesidad de medidas de prevención y protección social. Al mismo tiempo, la Fiscalía y la Policía han pedido prudencia mientras se consolidan pruebas y se evitan filtraciones que puedan entorpecer el trámite judicial.
A la fecha, las autoridades continúan recopilando elementos para completar la cadena probatoria: videograbaciones, testimonios complementarios, rastreo de comunicaciones y la trazabilidad del arma. Las fuentes oficiales sostienen que habrá más audiencias y judicializaciones en los próximos meses conforme avance la investigación.
