En las últimas horas, un deslizamiento de tierra en la vereda Granizal, municipio de Bello (Antioquia), provocado por lluvias intensas en la madrugada del pasado martes, ha dejado un saldo trágico: al menos trece personas fallecidas y doce desaparecidas. Las labores de búsqueda y rescate continúan con maquinaria pesada, drones y equipos de detección térmica, mientras se mantiene una alerta por posibles movimientos adicionales en el terreno. Las autoridades locales han habilitado cinco albergues para atender a las 971 personas ya reconocidas como damnificadas, donde reciben atención psicosocial, médica y suministros básicos.
La tragedia evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de los asentamientos informales en laderas inestables, donde la combinación de intensas precipitaciones y falta de control territorial ha generado una situación crítica. El director del Dagran, Carlos Ríos, ha advertido sobre la inminencia de nuevos deslizamientos y ha hecho un llamado urgente a evacuar los sectores en riesgo —Manantiales, Altos de Oriente 1 y 2— mientras insiste en la necesidad de medidas preventivas estructurales.
En este escenario, la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia han reforzado la respuesta institucional activando un Puesto de Mando Unificado, coordinando apoyo psicosocial, humanitario y técnico. Se han instalado cámaras de monitoreo, sirenas de alerta temprana y se realizan evaluaciones casa por casa para evacuar viviendas en zonas de riesgo, especialmente tras reconocer que la saturación del suelo supera los 100 milímetros en menos de veinticuatro horas.
La temporada de lluvias, que azota la región desde abril, ha desencadenado emergencias sucesivas desde Medellín hasta Bello, incrementando la presión sobre la capacidad de respuesta estatal. La tragedia en Granizal no solo refleja un desastre natural, sino un conflicto urbano prolongado que involucra omisiones en la planificación territorial y la protección de comunidades vulnerables.
Mientras se recuperan víctimas y se intensifica la búsqueda de los desaparecidos, también se abre el debate sobre la necesidad de diseño de infraestructuras seguras en laderas y programas de reubicación para evitar que tragedias similares se repitan. La eficacia de la respuesta institucional deberá evaluarse en los días siguientes, cuando se consoliden los datos de emergencia y se definan los planes de mitigación a mediano y largo plazo.
La emergencia en Bello sigue activa, con un riesgo tangible para la población y la esperanza puesta en que la combinación de esfuerzos logísticos, técnicos y comunitarios permita salvar vidas y construir entornos más seguros para el futuro.
