La Procuraduría General de la Nación de Colombia anunció la apertura de cinco indagaciones preliminares para investigar los recientes bombardeos ejecutados por las fuerzas militares contra las disidencias de FARC‑EP, en los cuales al menos doce menores de edad perdieron la vida, según comunicaciones oficiales del organismo.
El ente de control informó que la investigación busca determinar si durante la planeación y ejecución de los operativos militares se adoptaron las precauciones exigidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente los principios de precaución, distinción, proporcionalidad y humanidad.
Los operativos se desarrollaron en varias regiones del país —entre ellas los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas— entre agosto y noviembre de 2025, dirigido contra estructuras de las disidencias de las FARC, bajo la conducción de alias Iván Mordisco.
Según el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, hasta el momento se han confirmado al menos 15 menores de edad muertos en dichos operativos, de los cuales once fallecieron directamente en bombardeos, y los restantes en combates posteriores.
La Procuraduría explicó que las cinco indagaciones se concentran en diferentes fases del proceso operativo: informes de inteligencia, planificación del bombardeo, valoración de riesgo por presencia de menores, localización del objetivo y verificación de daño colateral, entre otros.
El delegado para Derechos Humanos del ente, Néstor Osuna, señaló que “lo que pretende entender este despacho es si se sabía o era posible saber que había menores de edad en la zona, o si se omitió esa información, y en ese caso qué previsiones se tomaron para minimizar el daño”.
Por su parte, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Defensa Pedro Sánchez, han defendido los operativos como necesarios para neutralizar estructuras criminales que reclutan menores y amenazan la seguridad de las fuerzas estatales. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos han cuestionado la proporcionalidad de las acciones y la eventual vulneración del DIH.
El inicio de las indagaciones se suma a un proceso paralelo que adelanta la Fiscalía General de la Nación —a través de la Justicia Penal Militar— por los mismos hechos, ampliando la aldea de investigaciones institucionales frente a la tragedia de los menores.
La Procuraduría aclaró que, tras la recolección de pruebas, se impondrán sanciones disciplinarias en caso de que se detecten irregularidades en la actuación de la Fuerza Pública; de lo contrario, los casos podrían archivarse.
Este anuncio coloca nuevamente sobre la agenda pública colombiana la cuestión del uso de la fuerza militar en zonas de conflicto interno, la responsabilidad estatal frente al reclutamiento de menores por parte de grupos armados y el deber de garantizar la protección de la población civil, especialmente en contextos de combate.
Las investigaciones de la Procuraduría deberán determinar no solo la presencia o conocimiento de menores en los lugares de operación, sino también si existieron alternativas menos lesivas o medidas adicionales para evitar víctimas infantiles, conforme a los estándares nacionales e internacionales del derecho de los conflictos armados.
El resultado de estas indagaciones podría derivar en sanciones contra responsables operativos o decisiones de política pública para revisar protocolos militares. Al mismo tiempo, el señalamiento al reclutamiento de menores por grupos armados intensifica la urgencia de acciones preventivas, educativas y judiciales en el marco de la protección de la niñez en el país.
