Una nueva fisura se abre entre el Gobierno Nacional y los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de la extinta guerrilla de las FARC, envió una dura advertencia al presidente Gustavo Petro tras conocerse la expedición del Decreto 0019 del 15 de enero de 2026. Esta normativa, que reestructura la Unidad Nacional de Protección (UNP), elimina la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SSEP), una instancia creada específicamente en los acuerdos de La Habana para salvaguardar la vida de los excombatientes en proceso de reincorporación.
«No salimos del asombro, señor Presidente, y de la incertidumbre», manifestó Londoño a través de una carta pública y mensajes en sus redes sociales, calificando la decisión como un golpe «inexplicable» a la implementación de lo pactado. La SSEP no era una dependencia administrativa más; su creación respondía al punto 3.4.7.4.3 del Acuerdo Final, diseñada como un cuerpo mixto de confianza para mitigar los riesgos de quienes dejaron las armas. Su disolución unilateral, según el líder político, desmantela una garantía fundamental en un momento crítico para la seguridad en los territorios.
La alerta de ‘Timochenko’ se fundamenta en cifras alarmantes: cerca de 500 firmantes han sido asesinados desde la firma de la paz. Londoño subrayó que la eliminación de esta instancia expone aún más a los excombatientes a la violencia de grupos armados ilegales, quienes, según informes de inteligencia citados por el dirigente, están ofreciendo sumas de dinero para reclutar a firmantes basándose en su experiencia militar. «Las cosas como se hacen se deshacen», sentenció, instando al mandatario a reversar la medida inmediatamente.
El decreto en cuestión, firmado por el Ministerio del Interior, busca modernizar la estructura de la UNP, pero los críticos señalan que la eficiencia administrativa no puede estar por encima de los compromisos de Estado. La supresión de la subdirección se suma a denuncias previas sobre retrasos en la implementación y la no renovación de contratos de personal de confianza en los esquemas de seguridad. Para el partido Comunes, estas acciones contradicen la política de «Paz Total» del actual gobierno, al debilitar la protección de quienes ya apostaron por una salida negociada al conflicto.
Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido una respuesta oficial directa a la exigencia de Londoño. Sin embargo, la tensión política escala a medida que la comunidad internacional y los organismos garantes observan con preocupación el deterioro de las garantías de seguridad. La petición de los firmantes es clara: el respeto a la vida y al Acuerdo de 2016 debe ser la prioridad, y cualquier reforma institucional debe consultarse en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI).
