En un despliegue operativo sin precedentes, la Policía Metropolitana y las autoridades de turismo del Valle de Aburrá han iniciado una serie de sellamientos a viviendas de uso turístico que operaban bajo esquemas de precios abusivos e irregularidades administrativas. La ofensiva institucional se concentra en zonas de alta demanda como El Poblado, Laureles y Belén, extendiéndose también a los municipios aledaños de Envigado y Sabaneta, donde ya se han materializado las primeras sanciones contra propietarios que incumplen la normativa vigente.
La intensificación de los controles responde a una oleada de denuncias ciudadanas provocada por la especulación tarifaria en el marco de los conciertos del artista Bad Bunny. Según los reportes oficiales, se identificaron ofertas de alojamiento en plataformas digitales con costos que ascendían hasta los 98 millones de pesos por estancias cortas, una cifra que alertó a los entes de control sobre la falta de regulación en el sector. Estas tarifas desorbitadas detonaron la intervención inmediata para verificar la legalidad de los inmuebles ofertados.
Durante las inspecciones, las autoridades exigen rigurosamente el Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente y la autorización explícita de la copropiedad para ejercer la actividad turística, tal como lo estipulan los manuales de convivencia de los edificios residenciales. Muchos de los establecimientos sancionados, aunque afirmaban tener documentación, no lograron acreditar el cumplimiento total de estos requisitos, lo que derivó en el cierre temporal de su actividad comercial y la imposición de las medidas correctivas correspondientes.
Frente a este panorama, la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho un llamado a los turistas nacionales y extranjeros para que no validen estos cobros excesivos y reporten cualquier irregularidad. Las autoridades advirtieron que las multas para los prestadores de servicios que abusen de los consumidores o que operen sin los permisos de ley serán millonarias, reiterando que la normativa de turismo es de obligatorio cumplimiento para garantizar un mercado justo y la convivencia pacífica en las zonas residenciales.
