El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efectos la consulta interna del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario calificó el fallo como “un sabotaje a la democracia” y acusó a sectores de derecha de intentar excluir a su coalición del escenario político legal del país.
“Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique”, escribió Petro, evidenciando su molestia por la decisión judicial que frena el mecanismo interno de su movimiento.
El pronunciamiento del presidente se produjo pocas horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente la acción de tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que buscaban garantizar la inscripción de las candidaturas dentro de la consulta del Pacto Histórico.
Según el fallo, la tutela no era el mecanismo adecuado para exigir la inscripción, y no se acreditó una vulneración directa de los derechos fundamentales invocados. Con esto, el tribunal tumbó la medida que había permitido avanzar en la preparación del proceso, dejando sin validez la convocatoria interna prevista para finales de mes.
Las declaraciones de Petro se suman a la creciente tensión dentro del movimiento progresista, que ahora enfrenta un vacío en su ruta electoral. La caída de la consulta deja en suspenso la definición de un eventual candidato único de la coalición, donde nombres como Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Daniel Quintero sonaban con fuerza.
El presidente, en su mensaje, insistió en que la decisión judicial representa un golpe al pluralismo político y al derecho de participación, en medio de un ambiente cada vez más polarizado de cara a las elecciones de 2026.
Mientras tanto, el Pacto Histórico evalúa alternativas jurídicas y políticas para responder al fallo, que no solo afecta sus tiempos internos, sino también su cohesión como bloque de gobierno. El episodio marca un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el poder judicial, con Petro ubicando el caso como símbolo de lo que considera “una persecución institucional contra el cambio político en Colombia.”
