La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo Garzón, tomó una decisión contundente frente a los recientes actos violentos en la región del Catatumbo atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En un comunicado oficial emitido este 22 de enero, la entidad informó que han sido revocados los beneficios de suspensión de órdenes de captura otorgados entre 2022 y 2023 a 31 miembros del grupo armado, quienes participaban como voceros en la mesa de diálogos de paz.
El detonante de esta medida fue la violencia registrada el 16 de enero, que puso en grave peligro la vida de la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Estos actos, según la Fiscalía, se atribuyen al máximo líder del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, alias «Antonio García», junto a otros cabecillas del grupo, como Gregorio Manuel Pérez Martínez, del Frente de Guerra Nororiental.
El comunicado de la Fiscalía señala que los delitos cometidos contradicen el compromiso del ELN con el proceso de paz. “El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y la comisión de nuevos delitos”, precisó Camargo Garzón, fundamenta la reactivación de dichas órdenes.
Entre los líderes del ELN con órdenes de captura reactivadas destacan nombres como Nicolás Rodríguez Bautista, Antonio García, Aureliano Carbonell y Gustavo Martínez, entre otros. En total, la lista incluye 31 integrantes clave del grupo armado.
La resolución también fue comunicada a la Presidencia de la República y al consejero para la Paz, instruyendo a las autoridades judiciales a actuar según lo estipulado en la nueva resolución. Este acto administrativo deroga las resoluciones previas que habían suspendido dichas órdenes para avanzar en los diálogos con el Gobierno Nacional.
La Fiscalía reiteró que esta decisión no solo responde a los crímenes recientes en Catatumbo, sino también a garantizar que se cumpla con las exigencias legales en el marco de los procesos de negociación.