La Corte Constitucional falló este jueves en una ajustada votación de cinco a cuatro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene competencia para investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2022. La Sala Plena determinó que, en virtud del fuero presidencial, sólo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede asumir este tipo de procesos, lo que deja sin efecto la investigación en curso promovida por el CNE.
La decisión implica que el CNE debe remitir el expediente con las actuaciones realizadas hasta ahora dentro de los próximos cinco días hábiles a la Comisión de Acusaciones, que es la instancia competente para investigar a un jefe de Estado. Mientras tanto, la investigación administrativa contra otros responsables, como miembros de la campaña —incluido Ricardo Roa y otros directivos—, continúa su curso sin verse afectada.
Este fallo pone fin a la interpretación previa del Consejo de Estado, que había autorizado al CNE a continuar con la pesquisa administrativa contra el presidente, argumentando que no implicaba una medida penal y, por tanto, no representaba una violación de su fuero. Sin embargo, la Corte revocó parcialmente esa decisión, basándose en el principio de que todo proceso contra un jefe de Estado debe tramitarse únicamente por el Congreso.
La votación dividida refleja la controversia institucional. Cinco magistrados respaldaron la ponencia del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, quien sostuvo que el fuero presidencial obliga a que solo la Cámara pueda investigar al mandatario. Cuatro magistrados salvaron o disentieron, manifestando preocupación por los réditos políticos de la decisión.
El impacto político del fallo es inmediato: el presidente Petro celebró en su cuenta de X que la Corte “restituyó su derecho” y calificó la investigación del CNE como un intento de “golpe de Estado”, mientras que desde el Ejecutivo el ministro del Interior, Armando Benedetti, y otros dirigentes destacaron que se reafirma la independencia y la jerarquía institucional.
A largo plazo, la decisión redefine la forma en que se abordan los casos de financiación presidencial irregular, confirmando que el fuero especial del mandatario impone límites a la actuación de entidades administrativas. Ahora la pelota está en la cancha del Congreso, que deberá analizar el material remitido por el CNE y definir si hay mérito para continuar la investigación. La resolución marca un precedente clave en el equilibrio entre controles institucionales y garantías constitucionales del cargo presidencial.
