La bancada del Centro Democrático presentó una ponencia negativa que insta al archivo definitivo de la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, al considerar que la iniciativa pone en grave riesgo la atención sanitaria en Colombia.
Según el partido opositor, el proyecto de ley carece de respaldo financiero claro. El Ministerio de Hacienda estimó que la implementación para el primer año, 2026, costaría 109 billones de pesos, sin que se haya precisado de dónde saldrán esos recursos, especialmente cuando el Presupuesto General de la Nación ya presenta un déficit.
El Centro Democrático también advierte que las proyecciones de ingreso para el sistema de salud han cambiado abruptamente en menos de un año: de 1.260 billones de pesos proyectados para el periodo 2025-2034, a 1.576 billones para 2026-2036, sin justificación técnica ni identificación de nuevas fuentes de financiamiento.
Uno de los puntos más criticados es el artículo 69 del proyecto, que establece que las EPS seguirán prestando servicios “hasta que se creen las nuevas redes de salud”. La oposición señala que el texto no detalla mecanismos para garantizar la continuidad de tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, ni seguimiento personalizado durante la transición.
Se objeta también la centralización de los recursos del sistema en la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Según la reforma, esta entidad asumiría la totalidad de los giros a hospitales y clínicas, con pagos que cubrirían el 85 % de las facturas sin auditoría previa. La oposición advierte riesgos de corrupción, clientelismo y fallos administrativos.
El cambio al modelo de aseguramiento social —que sustituiría el sistema basado en EPS — es visto por los opositores como un retorno al antiguo Seguro Social, marcado históricamente por demoras, falta de medicamentos y largas filas.
La ponencia de archivo fue presentada por los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera en la Comisión Séptima del Senado, donde, según críticos, la reforma puede no contar con mayorías suficientes para sobrevivir.
El futuro de la reforma a la salud dependerá de la decisión de la Comisión Séptima y del Senado, que deberán definir si la iniciativa continúa su trámite, se modifica sustancialmente o se archiva antes de que concluya el periodo legislativo del año electoral.
