La campaña presidencial de Iván Cepeda quedó en el centro de una nueva controversia política luego de que fueran radicadas dos denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades relacionadas con el desarrollo de actos públicos en medio de las restricciones electorales vigentes para la recta final de las elecciones presidenciales de 2026.
Las denuncias, conocidas a pocos días de la jornada electoral, solicitan al CNE investigar si actividades realizadas por la campaña del candidato del Pacto Histórico incumplieron el Decreto 0188 de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, que regula las reuniones políticas y eventos masivos durante los días previos a los comicios. Según los documentos radicados, uno de los eventos cuestionados se llevó a cabo el 27 de mayo en Arauca, mientras que otro acto político habría tenido lugar el 25 de mayo en Sincelejo, Sucre.
De acuerdo con la información entregada a las autoridades electorales, en ambos encuentros se habrían realizado concentraciones de simpatizantes, actos proselitistas y difusión de propaganda política en escenarios con amplia asistencia de público. Los denunciantes consideran que dichas actividades podrían vulnerar las limitaciones establecidas para garantizar el orden público y la transparencia electoral en la última semana de campaña.
El presidente del Consejo Nacional Electoral confirmó que las denuncias serán revisadas por la Sala Plena del organismo, instancia que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra la campaña presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. El caso ha generado atención nacional debido al impacto político que podría tener en la recta definitiva hacia la primera vuelta presidencial.
Sectores de oposición cuestionaron la legalidad de los eventos y pidieron al CNE actuar con celeridad para esclarecer si hubo violación de las normas electorales. Voceros cercanos a campañas rivales señalaron que las reglas deben aplicarse de manera igualitaria para todos los candidatos, especialmente en una campaña marcada por fuertes tensiones políticas y alta polarización.
Por su parte, integrantes de la campaña de Cepeda han defendido la legalidad de las actividades realizadas y sostienen que varios encuentros se desarrollaron en espacios cerrados o bajo modalidades permitidas por la regulación vigente. Además, argumentan que las denuncias forman parte del ambiente de confrontación política propio de la recta final electoral.
La polémica surge en uno de los momentos más sensibles del calendario político colombiano, cuando las campañas intensifican sus recorridos regionales y esfuerzos de movilización de votantes. Analistas consideran que cualquier investigación del Consejo Nacional Electoral podría tener repercusiones mediáticas y jurídicas importantes, especialmente en un contexto donde el debate sobre garantías electorales y cumplimiento de las normas ha tomado protagonismo nacional.
Mientras el CNE evalúa las denuncias, la campaña presidencial continúa desarrollándose en medio de acusaciones cruzadas, llamados al respeto de las reglas democráticas y creciente expectativa frente a los resultados de la elección presidencial de 2026.
