La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir una investigación disciplinaria contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que tenían a su cargo el proceso contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras la controversia generada por su libertad por vencimiento de términos en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada de oficio por la corporación luego de conocer, a través de medios de comunicación, que la libertad del exfuncionario se habría producido por una presunta demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales encargados del caso.
El tribunal disciplinario busca establecer si esta actuación constituye una falta disciplinaria, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la jerarquía de los funcionarios involucrados. La Comisión asumirá directamente las averiguaciones debido al nivel de los fiscales delegados que lideraban la investigación.
La controversia se originó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la libertad de Bonilla el pasado 7 de abril, al considerar que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación dentro de los plazos legales establecidos. Según lo expuesto en la audiencia, habrían transcurrido más de 120 días desde la imputación sin que se cumpliera este requisito procesal.
Aunque el ente acusador argumentó que el documento fue radicado el mismo día de la diligencia, la decisión judicial concluyó que ya se había configurado el vencimiento de términos, lo que obligó a ordenar la libertad inmediata del exministro.
El proceso contra Bonilla está relacionado con un presunto entramado de corrupción en la UNGRD, en el que la Fiscalía ha señalado la posible existencia de irregularidades en la asignación de contratos públicos. A pesar de recuperar la libertad, el exfuncionario continúa vinculado al proceso penal y deberá responder ante la justicia en las etapas posteriores.
La apertura de la investigación disciplinaria abre un nuevo frente en este caso, uno de los más sensibles del panorama judicial y político reciente, y pone el foco en la actuación de los fiscales, mientras se determina si hubo negligencia, error procesal o una conducta sancionable en el manejo del expediente.
