La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, envió una comunicación oficial al presidente Gustavo Petro en la que solicita revocar la calidad de miembro representante del Estado Mayor Central de las FARC-EP a alias “Calarcá Córdoba”, identificado como Alexander Díaz Mendoza, y reactivar las órdenes de captura en su contra.
En la carta, fechada el 6 de abril de 2026, la jefe del ente acusador expone una serie de hechos que, según la Fiscalía, evidencian la continuidad de actividades criminales pese a los beneficios otorgados en el marco de los diálogos. Entre los casos citados se encuentra el homicidio de la lideresa indígena nasa Carmelina Yule, ocurrido en marzo de 2024 en Toribío, Cauca.
El documento también hace referencia a la masacre de 26 personas en Miravalle, Guaviare, registrada en enero de 2026, donde, según las investigaciones, siete de las víctimas eran menores de edad y los hechos no correspondieron a un enfrentamiento armado. Asimismo, se menciona la muerte de seis soldados en julio de 2024 en zona rural de Valdivia, Antioquia, atribuida a la instalación de minas antipersonales.
De acuerdo con el informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), citado en la comunicación, estos hechos no serían aislados, sino parte de una estructura organizada que ha continuado ejecutando acciones criminales de manera sistemática. La Fiscalía sostiene que alias “Calarcá” habría seguido impartiendo órdenes directas para la ejecución de delitos incluso después de la suspensión de las órdenes de captura.
El documento también detalla la persistencia de actividades como extorsiones, desplazamientos forzados, delitos ambientales y ataques armados en departamentos como Meta, Caquetá y Guaviare. Según el reporte, se han registrado al menos 19 eventos relacionados con acciones terroristas en la región del Meta durante los últimos años.
Con base en estos elementos, la fiscal general solicita formalmente al Gobierno nacional revocar el reconocimiento otorgado a este cabecilla dentro del proceso de acercamientos, lo que implicaría la reactivación de las órdenes de captura y un eventual cambio en la estrategia frente a estos grupos armados.
La decisión ahora queda en manos del Ejecutivo, en medio de un contexto complejo para la política de paz total, donde se evalúa el balance entre los avances en diálogo y las acciones criminales que continúan afectando a distintas regiones del país.
