La Fiscalía General de la Nación revocó la suspensión de las órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de estructuras criminales vinculados al denominado “tarimazo” en Medellín, en una decisión que redefine el alcance de los diálogos de paz urbana impulsados por el Gobierno nacional.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, entregó detalles sobre esta determinación en una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que explicó los alcances jurídicos de las medidas adoptadas y el contexto en el que se desarrollaban los acercamientos con estos actores ilegales. Según indicó, la revisión de los casos permitió establecer que varios de los beneficiados con la suspensión de órdenes de captura ya se encontraban privados de la libertad, lo que hacía improcedente mantener dicha medida.
De acuerdo con la funcionaria, la revocatoria no implica el cierre de los canales de diálogo, sino un ajuste dentro del marco legal para garantizar que las actuaciones de la Fiscalía se mantengan dentro de los límites establecidos por la ley. En ese sentido, precisó que la suspensión de órdenes de captura es una herramienta excepcional que debe aplicarse bajo condiciones específicas y debidamente justificadas.
En contraste, la Fiscalía mantuvo la suspensión de las órdenes de captura para siete personas, quienes continúan vinculadas a los procesos de diálogo en el marco de la política de “Paz Total”, estrategia que busca facilitar el sometimiento de estructuras criminales y reducir los niveles de violencia en territorios urbanos.
El caso ha generado un amplio debate en el país, especialmente por el antecedente del “tarimazo”, evento en el que varios de estos cabecillas participaron públicamente en Medellín, lo que provocó cuestionamientos sobre la legitimidad de los procesos de negociación y el mensaje que estas decisiones podrían enviar a la ciudadanía.
Las declaraciones de la fiscal Camargo se producen en medio de un contexto de alta sensibilidad política, a pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026, donde las decisiones en materia de seguridad y justicia han cobrado especial relevancia en la agenda pública.
Autoridades locales y distintos sectores políticos han reaccionado frente a este cambio de postura, señalando la necesidad de garantizar un equilibrio entre los esfuerzos por alcanzar la paz y el cumplimiento estricto de la ley. Analistas coinciden en que este episodio refleja las tensiones existentes entre las políticas de negociación con grupos armados y la exigencia de resultados concretos en materia de seguridad.
La revocatoria de las órdenes de captura marca así un punto de inflexión en el desarrollo de los diálogos con estructuras criminales en Medellín, mientras se mantienen abiertas las discusiones sobre los alcances y límites de la política de “Paz Total” en Colombia.
