La Fiscalía General de la Nación informó la condena a más de 16 años de prisión contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en un entramado de corrupción que afectó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el ente acusador, un juez penal de conocimiento de Bogotá impuso una pena de 16 años, 7 meses y 6 días de prisión tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía. El fallo se sustenta en la responsabilidad del condenado en irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos públicos destinados a la atención de emergencias.
La Fiscalía precisó que el procesado aceptó de manera libre y voluntaria dos de los cuatro cargos imputados, correspondientes a peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Esta aceptación fue avalada judicialmente. En cuanto a los otros delitos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la entidad avanzó con el respectivo escrito de acusación.
Las investigaciones establecieron que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de una orden de proveeduría fechada el 11 de octubre de 2023 por un valor de 29.000 millones de pesos. El contrato tenía como objetivo el suministro de 40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas en el departamento de La Guajira, en medio de una crisis humanitaria por desabastecimiento.
Según el material probatorio, el condenado presentó documentación falsa para acreditar la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentando dicha capacidad en una supuesta alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz. Esta maniobra permitió direccionar la contratación de manera irregular.
Adicionalmente, la Fiscalía evidenció que el exfuncionario participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, pese a que los carrotanques no estaban disponibles, ya que se encontraban en proceso de ensamblaje. Las irregularidades derivaron en un sobrecosto estimado en 11.114 millones de pesos.
Del total del detrimento patrimonial, las autoridades determinaron que Estupiñán Bravo se apropió de 4.330 millones de pesos, mientras que terceros obtuvieron beneficios por 6.784 millones. Estos hechos consolidaron el caso como uno de los más relevantes dentro de las investigaciones por corrupción en la UNGRD.
La decisión judicial aún admite los recursos de ley, conforme al debido proceso. Este caso se enmarca en las acciones adelantadas por la Fiscalía para esclarecer y sancionar irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.
