La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación formal contra más de 30 congresistas por su presunta participación en un esquema de intercambio de contratos estatales a cambio de respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con las indagaciones, los legisladores habrían comprometido su apoyo a proyectos del Ejecutivo a cambio de la asignación de contratos de obra pública gestionados a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), con intervención de entidades del orden nacional, entre ellas el Ministerio de Hacienda.
El caso es investigado por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema y por magistrados del alto tribunal, quienes analizan el posible rol de las comisiones tercera y cuarta del Senado y la Cámara de Representantes. Estas comisiones, encargadas de asuntos económicos y presupuestales, estarían en el centro del presunto entramado.
Según el expediente judicial, el mecanismo consistía en direccionar recursos públicos hacia municipios previamente definidos, mediante partidas presupuestales que habrían sido asignadas de manera discrecional. A cambio, los congresistas beneficiados respaldaban iniciativas clave del Gobierno en el Congreso.
Las investigaciones también vinculan a funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo. Entre los mencionados se encuentran el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el entonces director de Ejecución y Operación del Invías, Juan José Oyuela, quienes habrían tenido participación en la ejecución del esquema bajo investigación.
Uno de los testimonios centrales es el de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien declaró ante la Corte haber recibido presiones de congresistas para agilizar la entrega de contratos. Según su versión, existían listados actualizados de manera constante en los que se definían los beneficiarios de los recursos de acuerdo con intereses políticos regionales.
Dentro del material probatorio se incluyen audios, conversaciones de WhatsApp y documentos con tablas detalladas sobre la distribución de fondos, entregados durante diligencias judiciales realizadas entre octubre y noviembre de 2024. La Corte ha considerado este conjunto de evidencias como clave para reconstruir la posible estructura del esquema.
Las pruebas analizadas indicarían que la asignación y posterior incremento de contratos coincidía con momentos estratégicos de votación en el Congreso, especialmente en debates relacionados con la aprobación de créditos externos para la Nación.
Entre los casos documentados se destacan contratos con adiciones significativas. En Envigado, Antioquia, un convenio interadministrativo superó los 12.500 millones de pesos, mientras que en Barrancas, La Guajira, se registró una adición superior a los 26.000 millones, en procesos vinculados a congresistas de esas regiones.
Asimismo, la matriz de contratos entregada por la exasesora y verificada por la Corte evidenciaría que al menos 61 contratos coinciden con los registros aportados, lo que refuerza la hipótesis de un sistema estructurado para asegurar mayorías legislativas mediante la asignación de recursos públicos.
