El Gobierno nacional endureció su respuesta frente al paro armado del ELN en Chocó con el anuncio de recompensas de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los principales jefes de esa guerrilla en la región. La medida fue anunciada este 21 de marzo de 2026 por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de la crisis humanitaria y de seguridad provocada por la acción armada del grupo ilegal en varios municipios del departamento.
Según Caracol Radio, el ministro calificó a los integrantes del ELN señalados en el cartel de búsqueda como criminales y confirmó que la ofensiva estatal incluirá presión militar, inteligencia y estímulos económicos para obtener información ciudadana. El anuncio se produjo mientras persisten restricciones de movilidad, confinamiento de comunidades y temor entre la población civil por las amenazas del grupo armado en la subregión del Bajo Baudó.
La recompensa de mayor valor fue ofrecida por alias ‘Genaro’, identificado por distintos reportes como uno de los cabecillas del ELN en la zona y uno de los principales responsables de la ofensiva en Chocó. Otras informaciones publicadas este mismo 21 de marzo señalan que el Gobierno busca debilitar la estructura que mantiene presión armada sobre corredores fluviales y rurales estratégicos del departamento, donde el ELN ha impuesto restricciones a la circulación y afectado a comunidades afro e indígenas.
La decisión del Ministerio de Defensa llega después de varios días de creciente deterioro humanitario. El 18 de marzo, Caracol reportó que el paro armado del ELN ya afectaba al menos a 25 comunidades en Chocó, mientras otros balances hablaban de más de 6.000 personas confinadas en 26 comunidades del Bajo Baudó. La magnitud del impacto elevó la presión sobre el Gobierno para reforzar la respuesta institucional y contener el avance de la guerrilla en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
El paro armado, iniciado el 17 de marzo, fue descrito por Colombia+20 de El Espectador como el primero de este tipo ejecutado por el ELN en 2026 en Chocó. Esa acción implicó cierres de facto sobre ríos y vías de movilidad, así como un aumento del riesgo para las comunidades que dependen del transporte fluvial para abastecimiento, atención médica y desplazamientos cotidianos. En territorios con baja presencia estatal, este tipo de medidas suele traducirse en aislamiento, desabastecimiento y mayor vulnerabilidad para la población civil.
La nueva oferta de recompensas también refleja un giro más agresivo en la política de seguridad frente al ELN. Ya en febrero, el Ministerio de Defensa había reiterado que mantenía millonarios incentivos por cabecillas de esa guerrilla y de las disidencias de las Farc, con el argumento de que esas estructuras habían rechazado la paz y optado por profundizar sus acciones criminales. El anuncio en Chocó se inscribe en esa misma línea de presión, ahora focalizada en una de las regiones más sensibles por la combinación de violencia armada, economías ilegales y débil control institucional.
Aunque el Gobierno apuesta por asfixiar la estructura del ELN mediante recompensas y operaciones militares, el trasfondo del episodio vuelve a mostrar la fragilidad de la seguridad en Chocó y la capacidad de la guerrilla para alterar la vida cotidiana de comunidades enteras. El reto inmediato para las autoridades no solo será capturar a los jefes buscados, sino restablecer la movilidad, garantizar protección humanitaria y evitar que el paro armado deje consecuencias más graves sobre una población que ya vive bajo presión constante del conflicto.
