La Corte Constitucional ha notificado oficialmente a la Alcaldía de Medellín que se encuentra en etapa de estudio la solicitud radicada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, mediante la cual se busca la suspensión del decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional. La petición, que fue formalizada por el mandatario local el pasado 13 de enero, argumenta que la medida presidencial carece de los fundamentos jurídicos necesarios para su vigencia.
El argumento central presentado por la administración distrital sostiene que el decreto no cumple con los criterios constitucionales exigidos, dado que no responde a una situación extraordinaria o imprevisible que justifique el uso de este mecanismo excepcional de legislación. Según explicó el alcalde Gutiérrez, bajo el amparo de esta declaratoria, el Gobierno expidió el pasado 29 de diciembre un decreto con medidas tributarias que entraron en vigor el 1 de enero, generando un impacto directo e inmediato en la economía de los ciudadanos.
En el marco del trámite judicial, el mandatario destacó que el presidente de la Corte Constitucional ha solicitado a la Sala Plena del alto tribunal evaluar la suspensión provisional de la norma mientras se adopta una decisión de fondo sobre su exequibilidad. Esta acción jurídica ha trascendido el ámbito local, sumando el respaldo de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), así como de diversos gremios y ciudadanos que han manifestado preocupaciones similares frente a los efectos y el alcance de la declaratoria.
Federico Gutiérrez reiteró su confianza en la solidez de las instituciones del Estado y en el sistema de justicia, señalando el papel fundamental de la Corte Constitucional como garante del ordenamiento jurídico y del equilibrio de poderes en Colombia. El proceso avanza ahora en los despachos judiciales, donde se determinará si las medidas adoptadas por el Ejecutivo se ajustan a la Carta Política o si deben ser revocadas para proteger la institucionalidad democrática del país.
