El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que no existe margen legal ni institucional para aplazar las elecciones de 2026, pese a las advertencias por la presencia de grupos armados ilegales en diversas zonas del país. El funcionario sostuvo que los riesgos detectados deben servir para focalizar acciones preventivas, pero no justifican modificaciones al calendario electoral.
Penagos explicó que hay al menos cinco departamentos con niveles elevados de riesgo y detalló que se ha activado coordinación con la Fuerza Pública para intervenir de forma puntual. “Putumayo es un departamento al que hay que prestarle mucha atención. Guaviare y Arauca también tienen situaciones particulares. En el Catatumbo, el Cauca y algunos municipios del Chocó hay alertas importantes”, declaró. El registrador añadió que esas situaciones no constituyen una amenaza generalizada para el proceso electoral.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que 104 municipios enfrentan “riesgo electoral”, especialmente en zonas controladas por grupos armados ilegales y con presencia de cultivos ilícitos, y aseguró que ya se están desplegando capacidades para garantizar la seguridad durante los comicios. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que la preocupación del Gobierno se concentra en regiones con problemas de orden público vinculados al cultivo de coca.
La Defensoría del Pueblo presentó su alerta temprana electoral 2025-2026, un informe de 168 páginas resultado del trabajo de más de 100 analistas, en el que clasifica los municipios según niveles de riesgo. El documento señala que 62 municipios exigen atención inmediata, 162 requieren acción urgente y 425 atención prioritaria. La defensora Iris Marín enfatizó que esas alertas no pretenden suspender elecciones, sino proteger los derechos políticos de la ciudadanía.
Las discrepancias entre el Gobierno y la Defensoría sobre el alcance del riesgo electoral son relevantes. Mientras el Ejecutivo reporta 104 municipios en estado de vulnerabilidad, la Defensoría advierte de un escenario mucho más amplio, llegando hasta 649 municipios con algún nivel de alerta. El choque de cifras ha generado tensión institucional, pues el Gobierno cuestiona la metodología de la Defensoría, mientras esta defiende su investigación de campo y la fiabilidad de sus criterios.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema, afirmando su intención de que “ningún municipio quede en riesgo” de cara a los próximos comicios. En una reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, Penagos reafirmó el compromiso institucional: “no vamos a suspender o aplazar las elecciones, la campaña sigue”.
