La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero tras denuncias que apuntan a un presunto delito de concusión. De acuerdo con documentos y reportes periodísticos, varios de sus asesores no solo habrían transferido dinero a cuentas del congresista y de sus familiares, sino que también llegaron a cubrir gastos personales como el mercado de su casa.
La información fue revelada por el periodista Daniel Coronell, quien presentó registros financieros, audios y testimonios que sugieren que miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero debían entregar parte de sus salarios o asumir compromisos económicos que beneficiaban directamente al congresista y a su entorno cercano.
Uno de los casos citados señala un giro de 5,3 millones de pesos realizado el 24 de diciembre de 2018 desde Puerto Carreño por un asesor de la UTL. La esposa de este funcionario, que también trabajaba con Racero, intentó justificar la operación como un “préstamo temporal”. Sin embargo, la frecuencia de estas transacciones y el destino de los fondos levantaron sospechas en los investigadores.
Los hallazgos incluyen también transferencias hacia el hermano y la ex pareja del congresista, así como compras de víveres a nombre de sus asesores que terminaron en el domicilio de Racero. En uno de los episodios documentados, una asesora con salario cercano a los nueve millones de pesos transfirió en pocos días a allegados del congresista una suma equivalente a media quincena de su sueldo.
El penalista Ricardo Cabrera explicó que, de comprobarse, el caso encajaría en el delito de concusión tipificado en el artículo 404 del Código Penal, que sanciona a los servidores públicos que abusan de su cargo para exigir o recibir beneficios indebidos. Las penas contemplan entre seis y diez años de prisión, multas e inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Racero, por su parte, ha afirmado que se trata de préstamos personales entre él y sus colaboradores, que posteriormente habrían sido devueltos. Sin embargo, la trazabilidad de los movimientos financieros contradice esta versión, de acuerdo con fuentes judiciales.
La Corte Suprema avanza en la recolección de pruebas y testimonios, mientras que el congresista del Pacto Histórico también enfrenta procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado.
