En medio de la convocatoria para una sesión conjunta de las comisiones económicas del Senado de la República de Colombia y de la Cámara de Representantes de Colombia, el senador Juan Felipe Lemos lanzó una acusación pública señalando que el Gobierno estaría presionando para tramitar una ley “sin cumplir con los requisitos legales” establecidos en el ordenamiento constitucional colombiano.
Durante su intervención, Lemos sostuvo que: “No se puede obligar al presidente a iniciar el trámite de una ley tan importante sin cumplir con los requisitos legales que se han definido en la Constitución, valga la redundancia en la ley, para poder adelantarla y evitar que se vicie su trámite”. En ese mismo discurso, responsabilizó al secretario de la comisión de aceptar la convocatoria “cuando los congresistas que tenían la responsabilidad de firmar la resolución que permitiera y validara esta convocatoria no lo habían hecho”.
El senador subrayó que su bancada retiró su presencia de la sesión porque, a su juicio, no se estaban respetando los procesos técnicos y formales que la ley exige para que la deliberación sea legítima. “Aquí estamos quienes nos oponemos a este Gobierno haciendo presencia, listos para dar el debate argumental, técnico, que no político… Lo que pasa es (…) que no podemos acelerar para viciar la discusión de este proyecto de ley tan importante y por eso nos retiramos”, afirmó.
El llamado de atención de Lemos se produce en el marco de una convocatoria que no evidencia públicamente la firma de la resolución por las comisiones correspondientes para habilitar formalmente la sesión conjunta, lo que —desde su punto de vista— pone en riesgo la validez del trámite legislativo.
Fuentes periodísticas advierten que las sesiones conjuntas de las comisiones económicas —comúnmente la Tercera y la Cuarta de ambas cámaras— requieren mecanismos previos definidos en la Constitución y reglamento interno del Congreso para garantizar transparencia y legalidad. Un incumplimiento de estos puede motivar impugnaciones y poner en entredicho el proceso normativo.
El contexto específico de esta sesión no ha sido divulgado en su totalidad, aunque ya se menciona en medios que en los debates de la reforma tributaria y del presupuesto para 2026 hay un “mal ambiente” en dichas comisiones económicas. La posición del senador Lemos se inserta en este escenario más amplio de tensión legislativa entre el Ejecutivo y el Congreso.
La alerta lanzada por Lemos obliga al Gobierno y a los órganos parlamentarios a explicar la motivación de la convocatoria, los pasos cumplidos y la legalidad del procedimiento. De no justificarse plenamente, añade riesgos al propio proyecto de ley que se tramita y repercute en la percepción ciudadana sobre el proceso legislativo.
