La justicia colombiana avanzó este martes con una decisión clave en el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El juez a cargo del proceso en Barranquilla declaró legal el video de su captura y el procedimiento que condujo a ella, autorizando que ambas pruebas sean utilizadas en el juicio.
La resolución se basa en que una fuente humana colaboró con la investigación de la Fiscalía General de la Nación y entregó información clave que permitió llegar al momento del arresto. Según el fallo, “los criterios legales están dados y, así mismo, los que se derivaron de la información que entregó … por tanto, la prueba resulta válida”.
El video filtrado –que muestra el operativo en el apartamento de Petro en Barranquilla– había sido objeto de controversia. La defensa cuestionó su legalidad, alegando vulneración de intimidad al momento de la captura. Sin embargo, el fallo señala que la filtración del material y el hecho de que se grabara en un momento de privacidad del procesado “no afecta la legalidad de la prueba, aumenta su autenticidad y su valoración”.
En contraste, el juez resolvió excluir del listado de pruebas dos elementos solicitados por la defensa: primero, los acuerdos o actas de colaboración con la Fiscalía que no fueron aprobados formalmente; segundo, el interrogatorio que rindió Petro en dicho contexto, donde presuntamente reconoció responsabilidad. Este material no será discutido en el juicio.
En cuanto a los bienes vinculados al proceso –una vivienda y un vehículo de alta gama que estarían relacionados con la investigación– la defensa solicitó su exclusión como prueba. No obstante, el juzgado la rechazó, argumentando que dichos bienes están atados a la investigación y que problemas administrativos de trámite no pueden invalidar procedimientos que se consideran legales.
El caso, que tiene como base una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, da un paso significativo con esta decisión. La habilitación del video y del procedimiento de captura demuestra que la Fiscalía logró superar una objeción de la defensa sobre la legalidad de sus pruebas principales.
