La Procuraduría General de la Nación analiza imponer una medida cautelar para suspender temporalmente al jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Rafael Saade Vergel, tras la presentación de una queja disciplinaria por parte de la Red de Defensa Ciudadana, que lo acusa de presunta extralimitación de funciones en el proceso de contratación para la producción y expedición de pasaportes. Esta actuación se da en el marco de la crisis que atraviesa el país por la transición del contrato con la empresa entregadora, lo que ha generado demoras y presidencias, y ha cobrado la dimisión de tres ministros de Relaciones Exteriores.
La solicitud ante la Procuraduría advierte que Saade, designado el 26 de junio, habría intervenido directamente en negociaciones contractuales sin competencia legal, articulando contactos con Portugal y la Imprenta Nacional, además de ordenar retrasos en la asignación de citas para prolongar la vigencia del inventario existente. Según testimonios recabados, estas instrucciones habrían sido efectivas, intención que habría causado un daño institucional y vulnerado principios de legalidad y autonomía del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La queja señala que estas acciones se configuran como faltas gravísimas dolosas según el Código General Disciplinario, y solicita la apertura formal de investigación junto con una suspensión provisional conforme al artículo 157 del mismo cuerpo legal. La Procuraduría, además, ya ha iniciado visitas de investigación a la Cancillería para verificar la capacidad de la Imprenta Nacional y el estado del convenio con Portugal, sopesando responsabilidad sobre la continuidad del servicio público de pasaportes.
Saade ha respondido acusando la existencia de una «campaña de desprestigio» en su contra y ha instado a la Procuraduría a adelantarse en las pesquisas para clarificar los hechos, especialmente respecto a una supuesta falla técnica en la Cancillería que habría afectado la asignación de citas. Sin embargo, la denuncia incluye declaraciones precisas del funcionario anunciando públicamente su liderazgo en el contrato y la intención de iniciar operaciones en septiembre sin contar con firmas ni convenios firmados.
La decisión de la Procuraduría será clave para determinar si Saade debe apartarse temporalmente mientras se realiza la investigación. De imponerse, se ratificaría el control disciplinario sobre funcionarios de alto nivel y se enviaría un mensaje contundente sobre el respeto a las competencias institucionales. La resolución, ya sea provisional o con efectos definitivos, será determinante para Bogotá, la Casa de Nariño y los contratos estatales vinculados con la expedición de pasaportes.
