La Procuraduría General de la Nación anunció que evalúa la suspensión provisional del Juan Miguel Huertas, general del Ejército Nacional, y del Wilmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como medida cautelar dentro de la investigación abierta por su presunta vinculación con las disidencias al mando de alias Calarcá.
La investigación fue activada tras un informe del medio que expuso chats, correos, fotografías y otros documentos incautados en julio de 2024, los cuales sugieren que ambos funcionarios habrían facilitado información sensible, protección y apoyo logístico a la organización ilegal.
El procurador general, Gregorio Eljach, calificó los hallazgos como “algo muy delicado” y advirtió que la conducta denunciada genera “alarma social y política”.
Hasta el momento, la Procuraduría ha solicitado hojas de vida, antecedentes laborales y funciones de ambos implicados, además de oficio al Ejército y a la DNI para esclarecer sus roles.
El análisis se produce en medio de cuestionamientos de entidades de control y de la sociedad —como la Defensoría del Pueblo— que piden la separación de los cargos para evitar interferencias en el proceso.
La suspensión aún no ha sido formalizada, pero la Procuraduría advirtió que la decisión dependerá del avance de la indagación preliminar y de la verificación de pruebas que determinen si existen faltas disciplinarias.
Este posible apartamiento se da en medio de una turbulencia institucional marcada por acusaciones de infiltración de estructuras armadas en organismos de seguridad del Estado. El desarrollo del caso será decisivo para evaluar responsabilidades internas y abrir nuevas líneas de control sobre quienes ocupan altos cargos dentro del aparato de inteligencia y defensa.
