El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto con los ministros de su gabinete, firmó formalmente la solicitud para convocar una Asamblea Constituyente, paso inicial para iniciar un proceso de reforma integral de la Carta Política. La iniciativa fue anunciada el 24 de febrero de 2026, y representa el cumplimiento de uno de los compromisos del mandatario con su agenda de transformación política y social. La firma del documento se llevó a cabo en Bogotá ante la presencia de diversos altos funcionarios de la administración nacional.
La solicitud presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca habilitar el procedimiento para que los ciudadanos puedan participar en la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, órgano que tendría la facultad de proponer y redactar cambios profundos a la Constitución de 1991. El anuncio incluye la voluntad del Gobierno de promover una profunda revisión de las normas que rigen aspectos como la estructura del Estado, la participación ciudadana, el régimen económico y social, y la garantía de derechos fundamentales.
Según la información oficial, la firma de la solicitud se realizó de manera conjunta por el presidente Petro y los ministros que integran su gabinete ministerial, evidenciando un respaldo institucional amplio dentro del Ejecutivo. El mandatario ha señalado en reiteradas ocasiones que busca un proceso de reforma constitucional participativo y democrático, con el objetivo de fortalecer la democracia y hacerla más representativa de las realidades contemporáneas del país.
Tras la recepción del documento, el CNE tendrá la responsabilidad de certificar el proceso y fijar el cronograma para la recolección de firmas y demás pasos requeridos por la ley para la convocatoria de la Constituyente. En Colombia, esta figura implica un mecanismo legal y político que debe satisfacer una serie de requisitos constitucionales, entre ellos la participación ciudadana en eventos previos que permitan validar el interés en una nueva Constitución.
La decisión de impulsar una Asamblea Constituyente ha generado reacciones diversas en el espectro político y social. Sectores del Gobierno ven la iniciativa como una oportunidad para actualizar el marco jurídico y político del país, considerando desafíos actuales como la inclusión social, la descentralización, la lucha contra la desigualdad y la modernización de las instituciones públicas. Por su parte, algunos partidos de oposición han expresado reservas sobre los alcances del proceso y la necesidad de garantizar transparencia y consenso amplio.
El anuncio se da en un contexto político complejo, con el Gobierno enfrentando debates sobre el modelo de desarrollo, seguridad, economía y reformas estructurales. La Asamblea Constituyente ha sido un tema recurrente en la agenda pública desde el inicio del gobierno de Petro, y la firma de la solicitud representa un avance tangible en la concreción de ese propósito.
De acuerdo con expertos en derecho constitucional, si el CNE avala la solicitud, se abrirá una fase de recolección de firmas o consulta popular, según lo establezcan las normas, antes de convocar a la elección de los representantes que integrarán la Asamblea Constituyente. El Gobierno ha enfatizado la necesidad de garantizar mecanismos de participación y control ciudadano a lo largo de todo el proceso.
Hasta el momento, no hay un calendario oficial definitivo sobre las etapas posteriores a la presentación de la solicitud, pero se espera que en las próximas semanas el CNE emita lineamientos formales sobre los tiempos y requisitos. Esta decisión marca un hito en el debate constitucional en Colombia y podría desencadenar uno de los procesos de reforma más relevantes de las últimas décadas, dependiendo del desarrollo político y social del país en los meses venideros.
