Una operación militar realizada por las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.) en el municipio de Calamar, al sur del departamento del Guaviare, contra la estructura armada conocida como Estado Mayor Central (EMC) liderada por el grupo armado ilegal de Iván Mordisco —alias delictivo de Néstor Gregorio Vera Fernández— dejó un saldo de 25 personas muertas, entre ellas seis menores de edad, según informó la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El operativo, anunciado por el presidente Gustavo Petro, buscaba “neutralizar” a las disidencias después de combates de aproximadamente 72 horas en la selva del Guaviare. El informe oficial reporta además que se recuperaron menores vivos, que hubo entregas voluntarias y se incautaron armas, explosivos y material de intendencia.
La Defensoría del Pueblo detalló que entre los seis menores fallecidos se encontraban adolescentes que habían sido reclutados forzosamente por el grupo armado ilegal. Según el organismo, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes constituye un crimen de guerra y está prohibido tanto por la legislación nacional como por el derecho internacional humanitario (DIH).
Por su parte, el presidente Petro lamentó “la muerte de menores de edad” y justificó la decisión de llevar a cabo la operación argumentando que las fuerzas ilegales estaban en condiciones de emboscar tropas jóvenes en la región, por lo cual la intervención era vista como necesaria.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que los objetivos incluyeron las sub-estructuras denominadas “Martín Villa” y “Armando Ríos”, vinculadas al Estado Mayor Central, y que se incautaron 23 fusiles, seis armas cortas, cinco ametralladoras, tres morteros, más de 123 artefactos explosivos y material de comunicación.
La operación se enmarca en una intensificación de la ofensiva del gobierno colombiano contra las disidencias de las FARC tras el rechazo de estos grupos a los acuerdos de paz y su vinculación con narcotráfico, extorsión y reclutamiento de menores.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que, aunque los menores reclutados han perdido su condición de civiles al participar en funciones de combate, ello no justifica que puedan ser atacados sin que se adopten todas las precauciones indicadas por el Derecho Internacional Humanitario, como los principios de necesidad, proporcionalidad, humanidad y distinción.
La cifra de “25 muertos”, en conferencia oficial, contrasta con versiones previas que hablaban de 19 bajas en el bombardeo. La Defensoría aclaró que seis de los fallecidos eran menores y que cuatro cuerpos aún estaban sin identificar al momento del reporte.
Esta operación y el hallazgo de menores fallecidos reedita la profunda problemática del reclutamiento forzado de niños y adolescentes por grupos armados en Colombia, una práctica que según datos recientes de organismos nacionales e internacionales sigue siendo alarmantemente activa.
El gobierno colombiano anunció que sostendrá la ofensiva para recuperar el control territorial en zonas selváticas como el Guaviare, pero organismos de derechos humanos advierten sobre la necesidad de reforzar mecanismos de vigilancia, transparencia y protección de los derechos de la niñez en situación de conflicto armado.
