El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la reciente decisión judicial que ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se le investigue por presunta participación en dos homicidios cometidos en la década de los noventa. El exmandatario calificó la medida como “miserable” y aseguró que se basa en “una declaración fantasiosa” ya desestimada en procesos anteriores.
La determinación fue tomada por la jueza Claudia Marcela Castro, dentro del fallo que condenó al exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, a 28 años de prisión por el secuestro agravado de la exsenadora Piedad Córdoba. En su sentencia, la jueza envió a la Fiscalía copias de las pruebas que, según ella, ameritan investigar a Uribe y a su hermano Santiago Uribe Vélez por su presunta relación con los homicidios de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, ambos ocurridos en 1998.
Según la decisión, la Fiscalía deberá valorar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal formal. En ese periodo, Álvaro Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, lo que ha llevado a la jueza a considerar posible su cercanía con estructuras paramilitares que operaban en la región.
Uribe respondió con indignación a través de sus redes sociales, donde escribió: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente. Qué rabia política en fallos contra mí”. El exmandatario añadió que estas decisiones hacen parte de una persecución política en su contra: “Después asesinaron a Villalba, trataron de acusarme, nada dijeron cuando se supo la realidad de ese crimen”.
Además, Uribe cuestionó la imparcialidad de la jueza Castro, asegurando que su mentor, el exfiscal Pinilla Cogollo, fue integrante del M-19 y “enemigo mío desde la juventud”. Según el expresidente, esta conexión demuestra un sesgo político detrás de la decisión: “Ha utilizado la justicia para matar la moral de quienes hemos podido sobrevivir al atentado terrorista”, afirmó.
La defensa del exmandatario anunció que entregará a la Fiscalía pruebas que demostrarían la falsedad de los señalamientos, entre ellas registros de desplazamientos oficiales de la Gobernación de Antioquia que, según aseguran, prueban que Uribe no asistió a las reuniones mencionadas por antiguos testigos.
Esta nueva controversia judicial se suma a otros procesos que enfrenta el expresidente, incluido el fallo condenatorio en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, que le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria. Pese a ello, Uribe sostiene que ha sido víctima de una ofensiva política y judicial que busca afectar su honra y su legado.
La compulsa de copias no constituye una acusación directa, pero abre la puerta a nuevas indagaciones en uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente del país.
