El Ministerio de Hacienda de Colombia presentó un proyecto de decreto que aplica una retención en la fuente del 1.5% a pagos realizados mediante billeteras digitales como Nequi, Daviplata y Bre-B. Esta medida, abierta a comentarios públicos hasta el 25 de octubre de 2025, modifica el Decreto 1625 de 2016 para equiparar el tratamiento fiscal con tarjetas de débito y crédito, que ya pagan esta retención. Hasta ahora, estas plataformas estaban exentas, y el ajuste busca eliminar ventajas competitivas entre canales electrónicos.
La retención se aplicará solo a operaciones que generen ingresos tributarios, como compras de bienes o servicios, tanto para personas naturales responsables del IVA como jurídicas. Quedan excluidas transferencias personales sin fines comerciales y personas naturales no responsables del IVA. El viceministro Carlos Emilio Betancourt explicó que no se crea un nuevo impuesto, sino que se extiende el régimen existente para promover equidad horizontal en el sistema fiscal.
Bre-B, lanzado el 6 de octubre de 2025 por el Banco de la República, es una de las plataformas afectadas, con más de 32 millones de usuarios y 88 millones de llaves digitales activas en menos de un mes. El sistema permite transferencias inmediatas gratuitas 24/7 entre 200 entidades financieras, impulsando la inclusión financiera. El decreto podría firmarse este viernes 25 de octubre, según fuentes oficiales del Ministerio.
El sector financiero expresó preocupación por posibles desincentivos a la adopción digital. César Prado del Banco de Bogotá y Javier Suárez de Davivienda advirtieron que la medida podría elevar costos para pequeños comercios, quienes trasladarían el impacto a precios finales. Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo comparó el caso con Brasil, donde retenciones similares frenaron sistemas como PIX.
Figuras políticas criticaron el timing de la propuesta. La exalcaldesa Claudia López y el precandidato David Luna argumentaron que convierte la inclusión financiera en fuente de recaudo, afectando estratos populares. Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo calificó la medida como regresiva, perjudicando avances en digitalización.
El Ministerio emitió siete precisiones: el proyecto está en consulta; elimina diferencias entre pagos; equipara con tarjetas; exime transacciones no gravables; no aplica a transferencias no comerciales; excluye no responsables de IVA; y ajusta retención vigente sin nuevas cargas. Con 322 millones de transacciones digitales potenciales, la medida influirá en patrones de consumo si se aprueba.
