En una decisión administrativa que marca un precedente en la política de austeridad estatal, el Gobierno Nacional expidió el decreto que formaliza la eliminación de la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República. La medida, que había sido objeto de intenso debate legislativo y jurídico, suprime un rubro aproximado de 16 millones de pesos mensuales que percibían los legisladores, modificando sustancialmente el régimen salarial de la rama legislativa en el país.
El documento firmado por el Ejecutivo establece que esta bonificación, que no constituía factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales pero sí engrosaba los ingresos mensuales de senadores y representantes, dejará de ser girada de manera inmediata. Con esta determinación, la asignación mensual de los congresistas sufrirá una reducción considerable, respondiendo a una de las demandas ciudadanas más persistentes sobre la equidad en la remuneración de los altos funcionarios del Estado frente al promedio de los trabajadores colombianos.
Según los detalles técnicos de la normativa, la eliminación de este concepto busca corregir las desproporciones en la nómina oficial y liberar recursos del Presupuesto General de la Nación. El Ministerio de Hacienda ha señalado que el ahorro fiscal derivado de este recorte será redirigido a programas de inversión social, aunque los congresistas mantendrán su asignación básica y los gastos de representación, los cuales siguen constituyendo el grueso de su remuneración legal.
La entrada en vigencia del decreto ha generado reacciones divididas en el capitolio. Mientras sectores afines al Gobierno y bancadas independientes celebran la materialización de una promesa de campaña y un acto de justicia social, algunos legisladores han manifestado su preocupación por la seguridad jurídica de la medida, advirtiendo posibles demandas por derechos adquiridos. Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha defendido la solidez legal del acto administrativo, argumentando que las primas especiales son potestades del Ejecutivo que pueden ser ajustadas según la realidad fiscal del país.
Expertos en administración pública advierten que esta reducción del ingreso mensual, que baja el total devengado de cifras superiores a los 40 millones a un rango menor, podría incentivar un nuevo debate sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. No obstante, por el momento, la medida se consolida como un mensaje político contundente en un año electoral, donde el costo del funcionamiento del Estado es uno de los ejes centrales de la discusión pública.
