El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta nuevas críticas por la firma acelerada de contratos estatales en las horas previas a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, que comenzó a regir el 8 de noviembre de 2025.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció ante el Congreso que, en menos de 24 horas, el Ejecutivo suscribió acuerdos por más de 1,5 billones de pesos, y que durante la semana previa se firmaron convenios interadministrativos por 9 billones.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño señaló que entre el 1 y el 7 de noviembre se aprobaron convenios interadministrativos por 2,1 billones de pesos, destinados a organizaciones indígenas, eventos y actividades políticas.
La Ley de Garantías electores tiene como finalidad garantizar que los recursos públicos no se utilicen con fines proselitistas en época de elecciones y establece restricciones para la contratación estatal, como la prohibición de convenios interadministrativos durante el periodo electoral.
Ante estas denuncias, la congresista Miranda solicitó a los organismos de control investigar el manejo de los recursos públicos y declaró que “la plata de los colombianos no puede verse como un botín de campaña del Pacto Histórico”.
