Consejo de Estado admite demanda contra personería jurídica del partido GENTE de Mauricio Lizcano

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La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que podría revocar la personería jurídica otorgada al partido político “Gente en Movimiento”, liderado por Mauricio Lizcano, exministro de las TIC. La acción legal cuestiona la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que el partido no sufrió los efectos de la violencia política que justificarían dicho reconocimiento.

La resolución del CNE, emitida en 2023, se basó en parte en el secuestro del excongresista Óscar Tulio Lizcano a manos de las FARC, un hecho que, según el órgano electoral, impactó negativamente el desarrollo de su movimiento político. Sin embargo, el demandante señala que el partido “Gente en Movimiento” no existía en la época de los hechos y, por tanto, no pudo haber sido afectado por ellos.

En la demanda se argumenta que este caso no es comparable con colectividades como el Nuevo Liberalismo o la Unión Patriótica, que sí enfrentaron exterminio y persecución sistemática debido a sus ideales políticos.

El documento también enfatiza que “Gente en Movimiento” no sufrió mengua política derivada de la violencia contra Óscar Tulio Lizcano, quien en ese momento era representante por el Partido Conservador. La presunta “falsa motivación” se centra en que la violencia no afectó directamente a este grupo, dado que no había sido constituido en el periodo señalado.

El demandante cuestiona que la decisión del CNE se haya tomado basándose en supuestos que no cumplen los requisitos legales. Esto ha llevado a un análisis judicial que podría sentar precedentes sobre los requisitos para la concesión de personerías jurídicas.

De prosperar la demanda, el partido “Gente en Movimiento” podría perder su personería jurídica, afectando sus derechos para participar en elecciones y recibir financiación estatal. Esto representaría un golpe al liderazgo político de la familia Lizcano y a su capacidad de influir en el panorama político nacional.

Por ahora, el Consejo de Estado evaluará los argumentos presentados y determinará si hubo irregularidades en la decisión del CNE. Este caso pone en el centro del debate las reglas de juego para el reconocimiento de nuevos partidos políticos y las implicaciones de la violencia política en Colombia.

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