La tensión diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador alcanzó un punto crítico este jueves, luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunciara un paquete de medidas de represalia en respuesta a las recientes decisiones de la administración ecuatoriana. En una acción inmediata, el Ministerio de Minas y Energía ordenó la suspensión total de las exportaciones de electricidad hacia el vecino país a partir de las 6:00 p. m. de hoy, argumentando la necesidad de priorizar el abastecimiento interno frente a la variabilidad climática y el bajo nivel de los embalses nacionales.
Paralelamente a la decisión energética, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Ecuador, aplicando un principio de reciprocidad comercial. Esta medida grava inicialmente a cerca de 20 productos clave de la canasta exportadora ecuatoriana, lo que afectaría un flujo comercial estimado en 250 millones de dólares. El gobierno colombiano calificó esta determinación como un instrumento legítimo para corregir los desequilibrios de mercado y preservar condiciones justas de intercambio, tras la alteración unilateral de las reglas de juego por parte de Quito.
El detonante de esta escalada fue el anuncio previo del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien estableció un gravamen del 30 % a los productos colombianos bajo la figura de una «tasa de seguridad», justificándola por una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó categóricamente estos señalamientos y tildó la medida ecuatoriana de «agresión económica», señalando que la integración regional no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de los ciudadanos colombianos.
Sectores empresariales y gremios de ambos países han manifestado su profunda preocupación ante lo que consideran el inicio de una guerra comercial que podría vulnerar los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN). Mientras Ecuador enfrenta una crisis energética severa que lo hacía dependiente del suministro eléctrico colombiano —que cubría entre el 6 % y el 9 % de su demanda—, los exportadores colombianos temen perder competitividad en un mercado que es su segundo destino más importante para bienes no minero-energéticos. A pesar de la contundencia de las medidas, el Gobierno colombiano ha dejado abierta la puerta a un diálogo bilateral para normalizar la situación, siempre que se restablezca el respeto mutuo y las condiciones equitativas.
