La Fiscalía General de la Nación ha solicitado medida de aseguramiento en centro carcelario para Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Cargos imputados
González enfrenta imputaciones por tres delitos:
- Cohecho por dar u ofrecer: por presuntamente ofrecer sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
- Peculado por apropiación agravado en favor de terceros: por la supuesta apropiación indebida de recursos públicos destinados a la UNGRD.
- Lavado de activos: por presuntamente ocultar y legitimar los recursos obtenidos ilícitamente.
La suma de las penas por estos delitos podría alcanzar hasta 72 años de prisión.
Según la Fiscalía, González habría ordenado la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a cambio de su apoyo a las reformas del Gobierno. Inicialmente, se habrían ofrecido contratos por 60.000 millones de pesos para Name y 10.000 millones para Calle. Sin embargo, ante la premura de los congresistas, la oferta se transformó en dinero en efectivo: 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle.
Los recursos habrían sido obtenidos ilícitamente mediante contratos direccionados en la UNGRD, cuyo proceso de contratación fue manipulado bajo las órdenes de González.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal delegada María Cristina Patiño presentó audios de los interrogatorios rendidos por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y testigo clave en el proceso. En las grabaciones, López asegura que recibió instrucciones directas de González para desviar millonarios recursos públicos a través de contratos amañados con fines políticos.
López detalló que, en un principio, la oferta consistía en contratos por 60.000 millones de pesos, pero que posteriormente habría recibido una instrucción de González para transformar esa entrega en dinero en efectivo: 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle.
González no compareció de forma presencial a la audiencia: participó de manera virtual desde el extranjero, lugar en el que permanece desde hace varias semanas, sin que se conozca su paradero exacto.
El exfuncionario ha negado los señalamientos y se declaró inocente de los delitos imputados. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que existen suficientes elementos probatorios para restringir su libertad, con el fin de proteger a la comunidad, garantizar la comparecencia al proceso y evitar la obstrucción de la justicia.
El escándalo de corrupción en la UNGRD ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y social del país, al poner en evidencia el presunto uso indebido de recursos públicos para fines políticos. González, considerado uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, renunció recientemente a su militancia en el partido Alianza Verde, del cual fue cofundador.
La decisión final sobre la medida de aseguramiento contra González está en manos del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien deberá evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar si procede su reclusión en un centro carcelario.
