Lo que indican es la desesperación de la campaña y de los camaradas de Cepeda
Por: Juan José Gómez
He participado en casi todas las campañas electorales realizadas en Colombia desde los años 70 del siglo XX y durante el transcurso del presente siglo. En honor a la verdad, debo reconocer que en ninguna, como en la actual campaña para la Presidencia de la República, se había visto tal cantidad de anormalidades y juego sucio como los que se han registrado por parte de la campaña y de los superprotectores del candidato comunista.
Que se quiera triunfar es la razón de una campaña electoral y, por eso, no es de extrañar que se intenten toda clase de acciones legales y correctas para obtener el éxito deseado. Pero que se acuda al conocido sistema de utilizar “todas las formas de lucha”, propias del comunismo en la más oscura época de la historia moderna, como fue la empleada por la Unión Soviética para someter a la esclavitud a los habitantes de los países tras la “Cortina de Hierro” después de la Segunda Guerra Mundial, es algo inédito en nuestro país y que, al aparecer ahora, resulta completamente inaceptable por su carencia de ética y por sus connotaciones criminales.
Comencemos por la participación del señor Gustavo Petro en la campaña. So pretexto de divulgar las grandes realizaciones de su presidencia —entiéndase todas las metidas de pata, las mentiras, los vicios, la prédica del odio selectivo, los cambios perjudiciales, la rapiña del tesoro nacional de antiguos miembros del M-19 y la corrupción, arropados por 43 meses de desgobierno—, no ha desaprovechado ninguna intervención suya en plaza pública o en medio de comunicación para poner muy en alto la gloria y el honor del Pacto Histórico, que le da derecho a continuar por otro período gobernando a Colombia en la persona del candidato comunista.
Por supuesto, esto es apenas una pequeña muestra de muchos incidentes protagonizados por servidores públicos en apoyo del candidato de la izquierda radical.
El lawfare absurdo —mezclar la justicia con la política— del Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá, al prohibir de manera inmediata el uso de la camiseta de la Selección Colombia en la campaña de Abelardo De la Espriella, dándole entonces el rango de símbolo oficial de la patria a una prenda de vestir usada por millones de personas en todo el territorio nacional, constituye otro ejemplo. Implicaba dicha prohibición colocar una camiseta deportiva amarilla, con aplicaciones de otros colores, en el mismo nivel de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional.
Menos mal que la jueza del Juzgado 62 Penal del Circuito de Bogotá dejó sin efecto la prohibición, señalando que la medida inicial era ambigua y defectuosa.
Otra vez se da la continuidad del lawfare contra la campaña de Abelardo, a diez días de la jornada electoral, esta vez por parte del Tribunal Superior de Bogotá, mediante decisión del magistrado Rafael Albeiro Chavarro, al ordenar retirar en 24 horas toda publicidad con la bandera, el escudo, imágenes militares y las frases “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.
Lo más contradictorio de esta decisión es que, en octubre de 2025, una tutela contra el uso de símbolos patrios en la campaña de De la Espriella fue negada por el mismo Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que no generaba confusión en el electorado.
No queda claro cuál es la opinión política del magistrado, si es que la tiene, pero, en todo caso, aquí viene como anillo al dedo una perla jurídica, me parece que de un antiguo gran jurista colombiano y magistrado también, quien dijo: “La ley no tiene corazón y el magistrado que se lo presta, prevarica”.
Pero aquí no concluye el tiroteo contra la campaña de Abelardo. El poder legislativo no podía quedarse sin disparar su cañón. Lo hizo —¡y de qué manera!— la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y exesposa de Roy Barreras, el famoso “camaleón de la política”, de quien no se sabe si tuvo alguna participación en el asunto que referiré a continuación.
Sucede que el señor Gustavo Petro, desde hace algún tiempo, no solo quiere participar —y participa tangencialmente— en la campaña del candidato comunista, sino que aspira a dirigirla formalmente, lo que no puede hacer porque se lo impide su cargo de presidente de la República, al que cobija la prohibición de participar en política siendo un empleado público.
Como quiera que en los cuarteles del candidato comunista hay verdadera desesperación por el avance de la campaña de Abelardo, ganador de la primera vuelta, el señor Petro pensó en renunciar a la Presidencia para asumir el cargo de jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico, pero finalmente no lo hizo por varias razones que sería largo enumerar.
En este estado de las cosas, a alguien se le ocurrió un procedimiento muy arriesgado, pero que, en caso de funcionar, le permitiría a Gustavo vincularse oficialmente a la campaña sin renunciar a la Presidencia.
Se trataba de que la Comisión de Investigación y Acusaciones, conocida popularmente como la “Comisión de Absoluciones”, estudiara rápidamente una de las cientos de acusaciones contra el presidente que, desde años atrás, habían sido archivadas, según dicen por ahí, sin siquiera ser leídas, y produjera una disposición separando a Petro de la Presidencia por un breve período de once días.
De esta manera, el presidente podía meterse de lleno en la campaña hasta su finalización el 21 de junio y, en tal fecha, recuperar su cargo.
La señora Arizabaleta fue contactada y, sin dilación alguna, procedió a dictar la resolución, la cual, firmada y radicada, entraría en vigor. Pero, como “de las carreras no queda sino el cansancio”, como dice el refrán popular, doña Gloria y sus asesores olvidaron consultar oficialmente a los miembros de la comisión.
De tal manera que una representante a la Cámara, sin facultades legales y actuando unipersonalmente, hacía lo que nunca había sucedido en la historia reciente de la nación: separar de su cargo al presidente de la República por un término de días, con lo cual quedaba habilitado para avivar la campaña del candidato comunista y llevarlo a ser su sucesor.
Esta situación fue conocida por los medios de comunicación, quienes, como era de esperarse, armaron un gran escándalo y pusieron en alerta a todas las fuerzas vivas de la nación, mismas que opinaron que la disposición de un solo miembro de la Cámara, separando de su cargo al presidente de la República por un término preciso, que incluía hasta las horas de duración, era inconstitucional, ilegal y, por lo tanto, improcedente.
En este estado intervino el Procurador General de la Nación, quien, con la autoridad propia de su cargo, sancionó a doña Gloria y a otro congresista, separándolos de sus cargos.
Con ello quedó como resultado de este escandaloso suceso que quien pretendía suspender al presidente fue suspendida por el Procurador. O, en otras palabras, que la “jugadita” no solo falló, sino que se volvió contra sus autores y Gustavo Francisco Petro tuvo que quedarse como presidente, aunque quienes lo conocen a fondo afirman que seguirá interviniendo subrepticiamente en la campaña del candidato comunista.
¿Qué lección se puede sacar de todos los movimientos tendientes a impedir que Abelardo De la Espriella sea el próximo presidente de Colombia?
Son varias, pero la más importante es que los directivos de la campaña de Abelardo se preparen para combatir fuertemente los ataques procedentes de la campaña del candidato comunista, que sin duda recibirán, y para sostener su mayoría en la segunda vuelta, porque el Pacto Histórico y el candidato comunista están desesperados y aplicarán en gran escala “todas las formas de lucha”.
Siempre deben recordar la sabia advertencia proveniente del escritor romano Flavio Vegecio Renato, no de Julio César como a veces se cree. Su formulación original en latín es: Si vis pacem, para bellum, que traducida al español quiere decir: “Si quieres paz, prepárate para la guerra”.
