La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han suspendido órdenes de captura contra integrantes de diferentes grupos armados ilegales en el marco de la política de “paz total”.
Según las declaraciones entregadas por la dirigente del Centro Democrático, las medidas adoptadas por el Ejecutivo habrían beneficiado a 205 integrantes de organizaciones armadas vinculadas a procesos de diálogo y acercamientos con el Gobierno nacional.
Valencia aseguró que estas decisiones se han producido mientras el país atraviesa un complejo panorama de seguridad, marcado por el aumento de hechos violentos, secuestros, extorsiones y expansión territorial de estructuras ilegales en varias regiones del país.
De acuerdo con la información divulgada por la congresista, entre los beneficiados con suspensión de órdenes de captura se encuentran integrantes del denominado Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc; miembros de la Segunda Marquetalia; estructuras asociadas al ELN; integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; miembros de las Autodefensas Gaitanistas y organizaciones criminales con presencia en el Valle de Aburrá.
La senadora sostuvo que estas medidas hacen parte de los mecanismos implementados por el Gobierno para facilitar procesos de negociación y participación de voceros de grupos armados en espacios de diálogo. Sin embargo, cuestionó el impacto de estas decisiones sobre la seguridad nacional y el desarrollo del proceso electoral de 2026.
Las declaraciones se producen en medio de un creciente debate político alrededor de la política de “paz total”, impulsada desde el inicio del actual gobierno como eje central de su estrategia de seguridad y negociación con organizaciones ilegales.
En las últimas semanas, distintos hechos de violencia han reactivado las críticas contra esa política. Uno de los casos más recientes ocurrió en el departamento del Cauca, donde un atentado atribuido a disidencias armadas dejó múltiples víctimas civiles y profundizó la preocupación sobre el control territorial del Estado en varias zonas del país.
Al mismo tiempo, el ELN volvió a estar en el centro de la discusión nacional tras la difusión de videos relacionados con secuestros y llamados políticos en medio del actual escenario electoral, situación que generó fuertes reacciones desde sectores judiciales y políticos.
El Gobierno nacional ha defendido las suspensiones temporales de órdenes de captura argumentando que se trata de instrumentos legales contemplados dentro de los procesos de negociación y sometimiento, necesarios para permitir la interlocución con delegados de organizaciones armadas.
La controversia surge mientras el país avanza hacia una nueva contienda presidencial, en la que temas como seguridad, narcotráfico, presencia de grupos armados y negociación con estructuras ilegales se han convertido en ejes centrales del debate político y electoral.
